El diputado Marcelo Pedrazas considera que, en lo procedimental, se produjo un ataque más a la elección judicial

Baldwin Montero Plaza / La Paz

El 31 de diciembre, es decir en tres meses y 10 días, exactamente, concluirá el mandato de las actuales autoridades judiciales y, aunque el país se encuentra en riesgo de quedar con vacíos en uno de los cuatro poderes del Estado, los responsables del proceso avanzan sin prisa, mientras el panorama se complica por una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Tal como dispuso un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la Cámara de Senadores aprobó el 31 de agosto por dos tercios de voto el proyecto de ley 144 de convocatoria a las elecciones judiciales, pero 21 días después la Cámara de Diputados mantiene el proyecto en comisión, el tema no está en agenda de la plenaria y ahora el TSJ recurrió al TCP para una consulta de constitucionalidad que de ser atendida dejaría en suspenso el tratamiento del proyecto.

El TCP debe admitir o rechazar el pedido en dos días y si lo admite tendrá 30 días para tomar una decisión; mientras, la Cámara de Diputados no podrá avanzar con la aprobación del proyecto de ley, que actualmente se encuentra en consulta con el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia.

El accionante de la Consulta de Control Previo de Constitucional del nuevo proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales aprobado en el Senado es el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en representación de la Sala Plena. En el documento, al que accedió El Deber, el TSJ pide al TCP pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144.