Asambleístas del ala evista del MAS denunciaron este miércoles al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una “demora injustificada”, en la Cámara de Diputados, en el cumplimiento de la sentencia que emitió y ordenó un tratamiento acelerado del proyecto de ley para las elecciones judiciales.

Luego de que el Senado aprobó el 31 de agosto el proyecto de ley para las elecciones judiciales, la Cámara de Diputados aún no trata este tema, ni lo tiene contemplado en su agenda para la sesión que fue convocada para mañana jueves. El contenido del borrador de norma fue acordado por asambleístas evistas y de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos. 

“Hemos visto que para mañana no hay este tema en el orden del día, es por eso que estamos enviando al Tribunal Constitucional Plurinacional, a su Presidente y magistrados, como dice su contenido textual, formulan queja y denuncia por demora injustificada en la ejecución de la sentencia constitucional 060/2023”, declaró el diputado Gualbeto Arispe, en una conferencia de prensa que ofreció junto a asambleístas del ala evista del MAS.

Arispe señaló al presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y al presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, como los responsables de la tardanza en la consideración del proyecto de ley de las elecciones judiciales.

El miércoles 6 de septiembre, el proyecto de ley en cuestión fue remitido a la Comisión de Constitución, luego de que diputados arcistas rechazaron su tratamiento inmediato con dispensación de trámite y voto de urgencia.

Por el contrario, Jáuregui indicó que se emitió consultas a seis instancias de los órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral para que se pronuncien sobre la factibilidad del contenido del proyecto de ley. Indicó que las respuestas debían ser remitidas en un plazo de 10 días, pero hasta ayer se informó que no se había cumplido con ese requerimiento.

Si bien el contenido del proyecto de ley preveía las elecciones judiciales para los primeros días de enero de 2024, Arispe advirtió que, si se llega a tratar este tema, el calendario cambiará, pues los tiempos ya se retrasan porque ya se demoraron tres semanas para su respectiva consideración.

Arispe aseguró que por ahora se tiene certeza de que los asambleístas que se niegan a tratar este proyecto de ley cometen el delito de incumplimiento de deberes, ya que no cumplen con la sentencia constitucional emitida a inicios de agosto en el que se ordenaba aprobar normas, por dos tercios de voto, para las elecciones judiciales.

Al respecto, Arispe aseguró que tienen documentos para identificar a los directos responsables de este incumplimiento de deberes.