Juicios penales y denuncias ante el Tribunal Departamental Electoral: esos fueron los anuncios que se conocieron ayer, como parte de la crisis desatada al interior del Movimiento Cívico Popular (MCP) tras conocerse que utilizó las planillas de la Alcaldía para aplicar un sistema de “aportes” a los trabajadores municipales a contrato que el vicepresidente de esa organización, el concejal Emilio Elías, asegura que es legal y no está sujeto a informes.

“Nosotros tenemos que rendir cuentas a lo que es el Tribunal, Electoral en este caso, para que nos pueda cuestionar y ¿a quién debemos rendir cuentas es a la militancia (del MCP) y aquellos a quienes hacen el aporte, no así, porque son dineros privados”, dijo en conferencia de prensa.

No obstante, el artículo 87 de la Ley 1096 de partidos políticos señala que “las organizaciones políticas garantizarán el acceso a la información en todas sus acciones en el marco de la transparencia y la publicidad”, así que ninguno puede elegir ante quién rendir cuentas. 

El argumento de Elías es que el denominado “aporte” del 3 por ciento que se descontaba a los trabajadores municipales a contrato fue determinado en un congreso del MCP y añadió que “sí o sí tiene que cumplirse”. No obstante, no se refirió al hecho de que los aportes deben ser voluntarios y están sujetos a restricciones. Ese es el caso del artículo 71 de la Ley 1096 que señala que “las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes: a) Entidades y empresas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia…”. En el caso de los denominados “aportes” de los trabajadores de la Alcaldía, el descuento se aplicaba mediante planilla, lo cual es una directa violación a la norma antes referida.

Elías y sus codirigentes ofrecieron una conferencia de prensa restringida, ya que solo convocaron a algunos medios y periodistas. Cuando este diario le llamó para hacerle más preguntas respecto a los aportes, no contestó al teléfono ni a los mensajes que le enviamos.

La gravedad de los descuentos radica en que no solo se utilizó una entidad pública para recaudarlos, sino que, además, no existe información disponible sobre el manejo de los recursos que, según informes oficiales que maneja el nuevo director de Recursos Humanos de la Alcaldía, Paulo García, sobrepasó los dos millones de Bolivianos en el periodo entre abril de 2022 y julio de 2023. 

Según el artículo 84 de la Ley 1096, las organizaciones políticas deben manejar sus recursos mediante una cuenta bancaria que, para el caso de los descuentos a favor del MCP, no fue usada. Ya en junio de 2022, el habilitado del Departamento de Tesorería, Víctor Ramos, había elaborado un informe para el director de Recursos Humanos, Germán Jorge, haciéndole notar que “no cuento con documentación de respaldo (y) tomando en cuenta que (el dinero descontado a los trabajadores) son recursos auditables y no incurrir en errores que las mismas puedan conllevar a responsabilidades futuras, para el curso de los procedimientos de desembolsos mi persona en calidad de habilitado dependiente de la Jefatura de Tesorería no efectuará ningún tipo de desembolsos ni retenciones de ninguna naturaleza en tanto no se tenga los respaldos correspondientes”.

Los “aportes” no se manejaron mediante cuenta bancaria sino a través de los directores de Recursos Humanos que tuvo Jhonny Llally: Jorge Alberto Cuiza, Juan Carlos Tarqui y Germán Jorge. “Sobre el uso y destino de esos fondos, se desconoce esa información”, dice el informe elevado a García. 

Con esos informes, García anunció que toda la información sobre los cobros ilegales será entregada al Ministerio Público y al Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en condición de denuncia. Todavía se estudia los tipos penales a ser denunciados, pero se habla de uso indebido de bienes del Estado, extorsión y apropiación indebida.

Los descuentos fueron denunciados por la alcaldesa subrogante, Lesly Flores, y su primera acción al mando del Gobierno Municipal de Potosí fue prohibirlos.

Restricciones para los partidos

ARTÍCULO 71. (RESTRICCIONES). I. Las organizaciones políticas no podrán gestionar, aceptar o recibir, directa o indirectamente, total o parcialmente, ningún tipo de aportes, donaciones, subsidios o apoyos que provengan de manera probada de las siguientes fuentes:

a) Entidades y empresas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, exceptuando el fortalecimiento público administrado por el Órgano Electoral Plurinacional.