La incertidumbre para el nombramiento de las altas magistraturas, las designaciones cuestionadas y otros males largos de enumerar han hecho que el tema de las elecciones judiciales demuestren el frágil Estado de derecho que rige en el país, situación por la cual Bolivia ocupa la posición N° 130 en el índice global que mide al poder y que las actividades de un Estado sean reguladas y garantizadas por ley. La independencia judicial y la seguridad que debe brindar el sistema jurídico a la sociedad son casi nulas, su desempeño no es algo de lo que los bolivianos se sientan orgullosos, es más, junto a la Policía son las instituciones más cuestionadas y las que menos confianza generan, es una contradicción que los organismos encargados de establecer justicia, orden y seguridad a los ciudadanos, infundan temor y hasta terror a la hora de medir su relación con la sociedad.   

Desde el pasado 27 de marzo de 2023, el proceso de selección de magistrados ha sido anulado en dos ocasiones, las acusaciones de parcialización, la politización, la lucha entre “arcistas” y “evistas” y la poca voluntad del Gobierno por intentar devolver al sistema judicial algo de dignidad, han dejado paralizado el proceso. Una de las constantes en el país son las rupturas políticas que ahora dejan en el aire el nombramiento de las altas magistraturas hundiendo aún más las deficiencias del sistema judicial boliviano. El informe de la CIDH de 2009 describe perfectamente la situación actual del país, o sea que no hemos progresado nada en materia judicial. El proceso de selección de magistrados para los tribunales de justicia está sumido en una preocupante incertidumbre, el Estado de derecho seguirá lesionado por la debilidad de los tribunales de justicia, por la falta de independencia judicial, por la instrumentalización y ausencia de debido proceso, por el uso abusivo de prisión preventiva y por los obstáculos al acceso a la justicia. Vale la pena recordar que, en el proceso de selección del Defensor del Pueblo, una Sala Constitucional le otorgó la potestad al presidente del Estado de pasar por sobre la Asamblea Legislativa en caso de no existir consenso y designar al defensor por decreto, lo expuesto en la sentencia podría ser usado para la designación de otras autoridades, como el contralor o los magistrados, no vaya a ser el camino elegido por el ejecutivo para continuar con la utilización política del sistema judicial. La jurisprudencia constitucional al servicio del poder de turno sirvió para la sentencia que posibilitó la reelección indefinida de Evo Morales contraviniendo la constitución. Pese a que la CIDH negó la reelección indefinida, el Tribunal Constitucional ha mantenido vigente a la reelección indefinida dentro de la jurisprudencia. Seguro que ahora se pronunciará para impedir una nueva candidatura de Evo, otro paso más en la lucha por el poder que acabará matando al MAS. 

La zozobra, la desconfianza y el desánimo generalizado de la población no muestra un futuro esperanzador en Bolivia, el tema de las elecciones judiciales no parece tener ejes concluyentes que permitan llegar a buen puerto, la dilación en el Legislativo hace temer una prórroga del mandato de los actuales o designaciones de nuevos magistrados por decreto. Pueden ser parte del cuoteo del Ejecutivo con el Legislativo y la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos, por eso el ministro de Justicia amenaza a jueces, fiscales y políticos con procesos y condenas a quien se oponga a la línea determinada por el gobierno central. Aquella sensación de que el verdadero poder se ejercía desde las calles se ha desmoronado víctima de la propia miopía masista y ha dejado una sociedad fragmentada sin un norte claro. Deben asomar tiempos de cambio.

TIBURÓN

FERNANDO BERRÍOS

Politólogo

ferchoberrios@hotmail.com