Una Resolución de Sala Constitucional en Beni (que mediante un Amparo Constitucional suspendió la 1ra. convocatoria a las judiciales 2023), la SCP 020/2023 del TCP (que limitó los efectos de la censura parlamentaria), la SCP 060/2023 del TCP (que obliga a sancionar la norma de preselección judicial por 2/3 legislativos) y otra reciente Resolución de otra Sala Constitucional en La Paz (que mediante un Amparo Constitucional suspendió las interpelaciones del Legislativo); son la forma inconstitucional para aplicar la estrategia del golpe técnico en Bolivia para que el poder se autolegitime “en el poder” a cualquier costo.
Hoy es tiempo del protagonismo institucional electoral de la mano del Tribunal Supremo Electoral, luego de que la oposición y oficialismo se unan para evitar la consolidación del Estado Inconstitucional de Derecho en Bolivia. Los legisladores democráticos e institucionales deben aprobar tres leyes inmediatas: la Ley de Función Legislativa (de interpelaciones), la Ley de convocatoria a las Judiciales 2024 y la Ley de cierre de Salas Constitucionales (una ley de abrogatoria de la ley 1.104 que el 2018 creó 44 vocales para estas salas en el país).

Esos recientes fallos (todos de este año) tienen objetivos políticos: cercenar/eliminar a los otros poderes del Estado (que intenten generar equilibrio de poderes) y autolegitimar en el poder al aparato gubernamental pisoteando inclusive la Constitución Política del Estado, y a quienes se resistan les aplicarán el lawfare judicial.
Ley de Función Legislativa. Esta norma vía desarrollo legislativo constitucional debe garantizar el ejercicio pleno de las funciones: deliberativa, fiscalizadora y legislativa, con objeto de que ningún fallo judicial de primera instancia (salas constitucionales departamentales) intente nuevamente cercenar atribuciones constitucionales resguardadas en la CPE a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional o al Tribunal Supremo Electoral (que sería el blanco del siguiente objetivo).
Ley de Judiciales 2024. Con la evidencia del golpe técnico en Bolivia, hoy se debe revertir el manejo de la justicia a gusto del poder. Hoy los buenos magistrados cumplieron un ciclo, pero los malos, los serviles al poder deben irse y hasta ser procesados. Si bien las elecciones judiciales en Bolivia este 2023 están desahuciadas y a pesar del vacío de poder tras el cese de funciones de la cúpula judicial saliente, la institucionalidad democrática en la ALP debe garantizar, hoy más que nunca, las judiciales 2024 para quitarle al poder su justicia instrumentalizada, y renovarlos en búsqueda de jueces que le devuelvan la independencia a este órgano de poder hacia la refundación del país en el Bicentenario.
Ley de cierre de Salas Constitucionales. Es inconcebible pensar que 44 personas que son hoy son vocales constitucionales tengan la posibilidad de hacer dibujo libre con sus Resoluciones atentatorias al mandato de la CPE y quedar impunes ante los atentados a la democracia en Bolivia con sus fallos de blindaje político. Por ello deben cerrarse todas las salas constitucionales en territorio boliviano y que ésa competencia retorne a los juzgados ordinarios.
El golpe técnico en Bolivia tendrá mayores efectos si no se le pone un “freno en seco” al deseo pusilánime del poder (que no avanzó un milímetro en su “reforma judicial”) de evitar la transformación de la justicia y continuar instrumentalizándola para su único fin de detentar el poder “con el poder”, al costo que fuere necesario, incluido otro quebrantamiento del orden constitucional.

El autor es Abogado y Periodista.