El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está obligado a aplicar de manera directa e inmediata la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la reelección indefinida, afirmó recientemente la senadora Centa Rek.

La legisladora explicó que no es necesario realizar nuevas interpretaciones, ya que la reelección indefinida no es considerada un derecho humano, tal como lo estableció la Sentencia Constitucional (SC) 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

«Reelección indefinida como un derecho humano» no está protegida por Convención Americana de Derechos

Además, señaló que la figura de «reelección indefinida como un derecho humano» no está protegida por la Convención Americana de Derechos y, por lo tanto, no es aplicable para todos los países firmantes del Pacto de San José, al cual Bolivia pertenece.

Determinaciones de Corte-IDH son obligatorias y definitivas

«Las determinaciones de la Corte Interamericana son obligatorias y definitivas. Tienen autoridad de cosa juzgada formal y material, y tienen efectos inmediatos entre las partes y para todas las naciones signatarias del Pacto de San José en Costa Rica», aseguró Rek.

Inquietud ante aberración constitucional y jurídica

Por otro lado, expresó su preocupación por lo que considera una aberración constitucional y jurídica cometida por el Tribunal Constitucional boliviano con respecto a la SC 084/2017. Comparó esta situación con casos similares ocurridos durante dictaduras en Nicaragua y Honduras.

Peligro de dar continuidad a sentencias contrarias a la Constitución

En este contexto, recordó que el entonces presidente colombiano Iván Duque elevó una consulta ante la Corte-IDH mientras en Bolivia se cuestionaba las terceras y cuartas repostulaciones de Evo Morales. Rek destacó su inquietud ante la posibilidad de que las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional busquen dar continuidad y validez a sentencias constitucionales que claramente van en contra de la Constitución, todo esto para «satisfacer los intereses personales de aquellos que ostentan el poder».