La senadora Centa Rek afirmó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está obligado a aplicar de manera directa e inmediata la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sin necesidad de recurrir a nuevas interpretaciones porque ya fue establecida que la reelección indefinida no es un derecho humano como lo estableció la Sentencia Constitucional (SC) 084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Indicó que la figura de “reelección indefinida como un derecho humano” no está protegida por la Convención Americana de Derechos Humanos y es totalmente inaplicable para todos los países que firmaron el Pacto de San José, del cual Bolivia es miembro signatario.

“Las determinaciones de la Corte Interamericana son obligatorias y definitivas, pasan en autoridad de cosa juzgada, formal y material y tiene efectos inmediatos entre las partes y para todas las naciones que firmaron el Pacto de San José de Costa Rica”, indicó.

Considera que la SC 084/2017 fue una aberración constitucional y jurídica ejecutada por el Tribunal Constitucional boliviano, emulando a sus pares de las dictaduras de Nicaragua y Honduras por lo cual el presidente Iván Duque de Colombia elevó la consulta ante la Corte-IDH, mientras en Bolivia se cuestionaba la tercera y cuarta repostulación de Evo Morales. 

La Corte IDH respondió en la Opinión Consultiva 28/21, que “la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos… La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”.

Sostuvo que los fallos de la Corte IDH respecto a la Opinión Consultiva están por encima de las sentencias del TCP y obligan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a aplicar lo determinado.

Indicó que preocupa de sobremanera que las máximas autoridades del TCP, una vez más, busquen dar continuidad y vigencia a sentencias constitucionales claramente dictadas contra la Constitución, con el único propósito de atender a los apetitos personales de quienes detentan el poder.

Considera necesario una reparación histórica con la democracia en Bolivia, ya que el fallo de la Corte IDH, es vinculante y repone los mandatos democráticos, planteando, además un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional y contra el propio expresidente por incumplimiento de deberes y atentar contra la soberanía popular, que hasta ahora no se ha concretado.