La realización, o no, de las elecciones judiciales en este año es el nuevo motivo de enfrentamientos entre los renovadores y radicales del MAS. La sequía avanza a pasos gigantescos y un reporte no confirmado oficialmente dice que EE.UU. ha encontrado reservas de litio que doblan las bolivianas, pero el interés de nuestros políticos gira en torno a esos comicios. 

Como lo establece la Constitución, las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato el próximo 31 de diciembre y deben ser reemplazadas, al inicio de enero de 2024, por otras electas en unos comicios prácticamente imposibles de realizarse a tiempo y cuyos resultados —a juzgar por las dos elecciones judiciales anteriores— no darán legitimidad a la investidura de los nuevos altos magistrados.

Parece una metáfora de la actual democracia boliviana, pero es, en realidad, un delicado problema que puede dar lugar a un descalabro en el andamiaje jurídico del país.

Hemos llegado a esta situación por la incapacidad de la Asamblea Legislativa para ponerse de acuerdo sobre las normas para encausar las elecciones judiciales, y la intervención del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que congeló ese trámite por tres meses.

¿Cómo saldremos de este embrollo? Es una incógnita. Esto no parece perturbar sobremanera a los directos responsables del asunto, los diputados y senadores, que ya sugieren posibles soluciones. Algunos abogados ya deben estar planificando cómo aprovechar de esa circunstancia de acefalía en los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.

Y al ciudadano de a pie, aquel que no tiene litigios pendientes que empeoren con esa situación, le tendrá sin cuidado el asunto, puesto que nadie dedica con gusto varias horas de un domingo para ir a votar —de manera obligatoria— por candidatos desconocidos, de dudosa idoneidad para los cargos que aspiran y cuyo desempeño no cambiará el desprestigio de la administración de justicia.

En las últimas elecciones judiciales, en 2017, la participación ciudadana fue del 78%, un porcentaje bajo comparado con el 90% de concurrencia electoral en los comicios de los últimos años, según datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional.

Y buena parte de quienes votan, aprovechan el cumplimiento de esa obligación para expresar lo que piensan acerca del sistema de justicia en general y de las elecciones judiciales en particular.

Nada más como ejemplo, citemos que, en promedio, el 60% de los votos para elegir a los miembros del TCP en 2017 fueron nulos o blancos. Similares resultados corresponden a los primeros de este tipo, realizados en 2012.

Esa es la clara muestra de la precaria, por decir lo menos, legitimidad de las altas autoridades de justicia.

Lo que no está nada claro es cómo y qué harán los asambleístas para evitar las acefalías que se producirán en el instante en que termine este año y las consecuencias de esa circunstancia.

Con el fin de cumplir con los plazos, es imperioso que la ley al respecto sea tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero, a estas alturas, eso parece lejano.  Demasiada gente conspira para que las elecciones judiciales no se lleven a cabo aun cuando un nuevo descalabro podría ser mortal para nuestro régimen democrático.

Las elecciones judiciales son importantes, pero existen otros temas que ameritan mayor atención. Nuestros políticos, desde luego, tienen la atención puesta en aquellas, puesto que allí se juegan la continuidad del poder: esa es la clave de lo que está pasando.