El pasado miércoles, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mexicana declaró inconstitucional la prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo si se practica en instituciones de salud administradas por el gobierno federal. Se trata de un episodio más a celebrar en el camino del más importante movimiento político del siglo: el feminismo; y, a la vez, se evidencia nuevamente la importancia nodal que tienen los poderes judiciales al momento de avanzar en la ampliación y consolidación de derechos.

Uno de los efectos colaterales de que la antipolítica (esa que se hace partiendo de su deslegitimación y descrédito) esté copando una buena parte de la práctica política nacional e incluso otra buena parte de la institucionalizada viene a ser que la pugna por el poder llega a penetrar a la institucionalidad democrática del país. Esto es que el debilitamiento del Poder Legislativo como espacio privilegiado de la política y la constante deslegitimación del Poder Judicial como instancia dedicada a la preservación de la justicia dentro del Estado de Derecho han hecho que hoy se vea, con más claridad que nunca, a este último como una extensión donde también se libra la política, más cuando una gran mayoría de la población entiende que la impartición de justicia, en este país, no es moneda corriente sino más bien un escaso hallazgo.

Es lógico que el espíritu y la forma de entender a los órganos estatales dentro del espacio público cambien junto con los tiempos y la cultura política de la época. Posiblemente el reto es para quienes lo lideran y consiste en mantener incólumes los mandatos constitucionales que los rigen a pesar de todo lo que se desenvuelve inevitable y caóticamente, día a día. No parece ser nuestro caso, en Bolivia estos órganos del Estado están dando muestras de ser rebasados.

Como venga la mano, aún en un escenario de incertidumbre, por alguna inesperada situación o motivación, senadores y senadoras de las diversas bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional sorprendieron hace poco allanando parcialmente el camino rumbo a las elecciones judiciales que deben realizarse para reemplazar los altos cargos del Poder Judicial. Quizás una novedad en los tiempos que corren pero para nada una hazaña: se trata de servidores públicos haciendo el trabajo para el cual fueron electos.

De llegar a buen puerto las elecciones judiciales, lo seguro es que emergerán nuevos rostros que seguramente —con razones o no— librarán una batalla por su legitimidad desde el día uno. Se ha dicho antes, un bien mayor que debiéramos perseguir en aras de evitar el descalabro, es que se trate de personas cuya orientación política sea a favor de la manutención y fortalecimiento de lo alcanzado en la construcción del Estado Plurinacional y la ampliación de derechos, sobre todo de las mujeres.

De sobrada manera, a punta de hechos, hemos ido entendiendo que el poder detentado por estas y estos magistrados puede llegar a constituirse en uno cuya capacidad transforma el cauce de múltiples hechos o procesos. Algunas veces para consolidarlos o afianzarlos y otras tantas para desvirtuarlos o descomponerlos. Debido a la política de la época, en este proceso pues se juegan continuidades o disrupciones estatales, entenderlo y acompañarlo desde el nomeimportismo o el vilipendio no es opción.