La realización o no de las elecciones judiciales este año fue un nuevo motivo de enfrentamientos entre los renovadores y radicales del MAS. La sequía avanza a pasos agigantados y un reporte no confirmado oficialmente dice que Estados Unidos ha encontrado reservas de litio que doblan a las bolivianas, pero el interés de los políticos gira en torno a esos comicios que, de darse finalmente, serían en 2024.

Como lo establece la Constitución, las máximas autoridades del Órgano Judicial terminan su mandato el próximo 31 de diciembre y deben ser reemplazadas a principios de enero de 2024 por otras, electas mediante el voto de los ciudadanos. Los tiempos no alcanzan ya para que se desarrollen en este 2023 y, además, se corre el riesgo de nuevamente tener autoridades ilegítimas, si se recuerdan los resultados de las dos elecciones judiciales anteriores.

Parece una metáfora de la actual democracia boliviana, pero es, en realidad, un delicado problema que puede dar lugar a un descalabro en el andamiaje jurídico del país.

Se ha llegado a esta situación por la incapacidad de la Asamblea Legislativa para ponerse de acuerdo sobre las normas que encaucen las elecciones judiciales. Luego, el Tribunal Constitucional congeló ese trámite por tres meses.

¿Cómo saldrán de este embrollo? Es una incógnita. Esto no parece perturbar sobremanera a los directos responsables, los diputados y senadores, que ya sugieren posibles soluciones. Algunos abogados deben estar planificando cómo aprovechar de esta circunstancia de acefalías en los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional y Agroambiental, además del Consejo de la Magistratura.

Y al ciudadano de a pie, aquel que no tiene litigios pendientes que empeoren con esa situación, le tendrá sin cuidado el asunto, puesto que nadie dedica con gusto varias horas de un domingo para ir a votar —de manera obligatoria— por candidatos desconocidos, de dudosa idoneidad para los cargos que aspiran y cuyo desempeño no cambiará el desprestigio de la administración de justicia.

En las últimas elecciones judiciales, en 2017, la participación ciudadana fue del 78%, un porcentaje bajo comparado con el 90% de concurrencia electoral en los comicios de los últimos años, según datos oficiales del Órgano Electoral Plurinacional.

Y buena parte de quienes votan, aprovechan el cumplimiento de esa obligación para expresar lo que piensan acerca del sistema de justicia en general y de las elecciones judiciales en particular. Nada más como ejemplo citemos que, en promedio, el 60% de los votos para elegir a los miembros del TCP en 2017 fueron nulos o blancos. Similares resultados corresponden a los primeros de este tipo, realizados en 2012. Esa es la clara muestra de la precaria legitimidad (para decirlo con elegancia) de las altas autoridades por las que (no) votó la mayoría de los bolivianos.

Lo que no está nada claro es cómo y qué harán los asambleístas para evitar las acefalías que se producirán en el instante en que termine el año, así como las consecuencias de esa circunstancia.

Con el fin de cumplir con los plazos, es imperioso que la ley al respecto sea tratada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero, a estas alturas, eso parece lejano. Demasiada gente conspira para que las elecciones judiciales no se lleven a cabo, aun cuando un nuevo descalabro podría ser mortal para nuestro régimen democrático.

Las judiciales son importantes, pero hay otros temas que ameritan mayor atención. Los políticos, desde luego, tienen la atención puesta en las elecciones porque allí se juegan la continuidad en el poder.