La pelea por el control del sistema judicial afecta al funcionamiento institucional de tres órganos estatales: El Legislativo, donde el trabajo administrativo está prácticamente paralizado por la toma del grupo de legisladores radicales del MAS que realizan una huelga de hambre. El Judicial, que está sin fecha para sus elecciones, y el Ejecutivo que no accede a la aprobación de créditos ni al presupuesto 2023 reformulado.

El punto central de este escenario conflictivo es el tratamiento del proyecto de ley de elecciones judiciales en la Cámara de Diputados que ya fue aprobado en el Senado.

Mientras, está más cerca el final de la gestión de los actuales magistrados, sectores de la oposición y analistas políticos coinciden en que al Ejecutivo “no le interesa” realizar las elecciones judiciales y que están prácticamente descartadas para este año.

Y es el propio presidente de Diputados, Jerges Mercado (MAS) – cuya gestión culmina en menos de dos meses – que confirma esa intención cuando dice que “no hay desesperación ni urgencia” para tratar el proyecto de ley de las judiciales, que sólo él tiene la potestad para convocar a sesión camaral y lo hará cuando las condiciones estén dadas.

Huelga y bloqueo

Este miércoles, se cumple el octavo día de huelga de hambre que realiza una fracción del MAS en la Asamblea. Son más de 30 parlamentarios que desde el lunes 11 de septiembre tomaron los pasillos de la planta baja del edificio legislativo donde permanecen echados o sentados, masticando coca, con botellas de agua y rodeados de sus asesores que están atentos a la más mínima necesidad de sus jefes. El trabajo parlamentario está interrumpido.

En ese escenario el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), lamentó que tras aprobar el proyecto de ley 144 hace 14 días, en la Cámara de Diputados el tema esté más estancado que antes. Alertó que el hecho puede incurrir en la comisión de un delito.

“No estamos viendo la voluntad que se requiere. Esto (las elecciones) no va a resolver los problemas de la justicia, pero es un mandato de la Constitución que da un paso para encaminar la reforma judicial. Todos estamos sujetos a cualquier proceso penal por incumplimiento de deberes. Nosotros, como Senado, cumplimos con nuestro mandato”, dijo Rodríguez desde Cochabamba.

De su lado, Mercado reprochó que los ‘evistas’ realicen su medida extrema. “Llama la atención qué tipo de intereses tienen”, dijo Mercado a tiempo de subrayar que este 2023 no se realizarán las elecciones, sino al próximo año.

“Por lo tanto, ya no hay una desesperación ni una urgencia como para que estemos a marcha forzada haciendo las cosas. Qué casualidad que como no pudieron paralizar la economía, hoy han decidido paralizar la Asamblea Legislativa”, señaló.

El diputado Gualberto Arispe, uno de los ‘evistas’ en huelga de hambre, dijo a EL DEBER que ante la postura de Mercado, enviaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, para pedirle que convoque a sesión. Mientras tanto, aseguró que la medida de presión continuará.

“Mañana (hoy) estamos haciendo una evaluación de esta jornada, tomaremos otra medida. Hemos empezado pacíficamente, pero como no hay resultados hemos tenido que salir a los pasillos”, dijo Arispe y contabilizó que Diputados no sesiona desde fines de agosto.

“Prácticamente no hay (sesiones) la semana pasada fuimos convocados a sesión de comisión, pero con temas muy sencillitos como homenaje camaral. Por eso planteamos que no nos paguen (sueldos) este mes, pero a toditos, empezando por Jerges Mercado, que no nos paguen”, dijo el legislador ‘evista’.

Hasta ayer cinco diputados fueron auxiliados por Bomberos y trasladados a centros de salud porque su estado era delicado. Entre ellos Antonio Gabriel Colque y Héctor Arce, que se tapiaron para cumplir una huelga seca.

Horas antes de ser retirado por los paramédicos y llevado al hospital en una ambulancia, Arce, visiblemente débil conversó con EL DEBER y ratificó que la medida extrema es “para que el pueblo boliviano al menos tenga la esperanza de que con nuevos magistrados mejore la justicia” y se respete la Constitución; no obstante, ante la indiferencia de los arcistas, dijo que no hay la intención de tratar el proyecto.

“Queremos saber qué van hacer. ¿Lucho (Luis) Arce va a designar a dedo a interinos?, o va ampliar el mandato de los actuales con un decreto supremo. ¿Qué va hacer? Eso queremos saber, que le diga al pueblo boliviano”, dijo el diputado Héctor Arce.

Desde Chapare, Evo Morales, el líder del grupo de radicales que se autoidentifican con la etiqueta de “leales siempre, traidores nunca”, respalda la protesta de los más de 30 legisladores de su partido, y está seguro que las trabas a las elecciones judiciales sólo tienen el propósito de perjudicar su candidatura a la Presidencia en 2025.

“La elección de magistrados es un derecho del pueblo boliviano. Las maniobras políticas para atrasar o hacer fracasar la ley de convocatoria, obedecen al cálculo político de los que ofrecieron a algunos magistrados prorrogarse a cambio de inhabilitar a Evo”, dice Morales sobre sí mismo

Análisis

Este escenario muestra que Bolivia está transitando a un “Estado de no derecho e inconstitucional” porque no se respeta en lo más mínimo lo que dice la Constitución y, sobre todo, porque el cálculo político de una fracción de un partido político – en este caso los ‘arcistas’ del MAS – ‘subalterniza’ toda la institucionalidad democrática, dijo a EL DEBER el analista político Franklin Pareja.

“El cálculo político de unas cuantas personas anulan las funciones de los órganos del Estado, y no solamente las anulan, sino las someten y todo para tener el control y la viabilidad en términos estrictamente político electorales que no son del interés del país y que no tienen vínculo con las necesidades del país”, dijo Pareja.

En este escenario, Bolivia “está secuestrada por un grupo de personas de un partido político que somete al país, somete la Constitución, somete a los órganos del Estado y, en consecuencia, hemos transitado a ser un estado inconstitucional de no derecho”.

En la misma línea, el abogado y periodista Andrés Gómez dijo que la pelea entre los dos bandos del MAS es por tener el control de los magistrados. “Ni ‘arcistas’, ni ‘evistas’ quieren justicia. Ambos quieren tener magistrados, consejeros y jueces para aplicar la injusticia a sus enemigos y el favor a los suyos”.