El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, afirmó el pasado viernes que ya no hay posibilidad de realizar este año las elecciones judiciales, a falta del listado de candidatos que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no ha logrado preseleccionar hasta el momento.
Hassenteufel recordó que el 4 de septiembre pasado era la "fecha tope" que tenía el Órgano Electoral para recibir la lista de postulantes y organizar el proceso para que los comicios judiciales se celebren el 3 de diciembre.
Sin embargo, los conflictos surgidos entre los asambleístas y las acciones presentadas por opositores en contra de la convocatoria y reglamentos aprobados en el Legislativo paralizaron el proceso de preselección de candidatos, por lo cual la fecha de las elecciones judiciales queda sin fecha definida.
El TSE adelantó que los comicios judiciales podrían realizarse hasta la tercera semana de enero de 2024, si finalmente los asambleístas oficialistas y opositores logran acuerdos para encaminar este proceso que es una demanda de diferentes sectores del país.
El proceso para elegir a los nuevos magistrados no avanza por las claras posturas políticas que han expresado los asambleístas (oficialistas y opositores), más que por aspectos estrictamente técnicos, por lo que es menester reflexionar a quienes tienen la responsabilidad de encaminar los comicios judiciales para que, de una vez, trabajen en las normas que sean necesarias con el fin de culminar este proceso.
En lo que sí coincide la mayor parte de la población es que se debe reformar la justicia, lo cual empieza con la elección de nuevos magistrados para después seleccionar a los mejores jueces y fiscales, o ratificar a quienes ya ocupan estos cargos y han demostrado un buen trabajo.
No se puede postergar más la reestructuración de la justicia, una tarea que debió haberse realizado hace por lo menos cinco años, porque así lo exigen los litigantes, especialmente quienes son afectados por decisiones equivocadas de jueces y fiscales, en algunos casos con mala intención para favorecer a determinadas personas.
Los legisladores que se encuentran circunstancialmente en las cámaras de Senadores y Diputados tienen la obligación de escuchar el clamor de la población que busca una justicia pronta, oportuna e imparcial.
Los asambleístas deberán dejar sus posturas partidistas para solo enfocarse en lo que más le conviene a la población, y para eso tendrán que trabajar en la elaboración de las normas que permitan primero preseleccionar a los candidatos más idóneos, para que después la población pueda elegir a los nuevos magistrados que tendrán la tarea de cambiar la tan deteriorada imagen de la justicia, a la brevedad posible.
