Probando más allá de toda duda razonable que quienes hoy tienen el poder —Ejecutivo y Legislativo— en sus facciones dominantes o lo que quedan de ellas no tienen la menor voluntad política para realizar las elecciones de altos cargos del sistema de justicia; la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, presidida nada más ni nada menos por un diputado denunciado por gravísimos delitos, ha enviado en consulta el proyecto de ley consensuado por los senadores (en los descuentos del malogrado proceso), a entidades que nada tienen que ver con esa génesis legislativa y/o lo que digan, si lo dicen, no tendrá ningún efecto real y peor vinculante. Es una maliciosa y absurda pérdida de tiempo.

En vez de tratar ya no más el proyecto recibido por sus evidentes prisas, chicanearon ese procedimiento de génesis legislativo, enviándolo “en consulta” a los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación del Desarrollo, y de Justicia, al Órgano Electoral, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura.

Más allá de que podría decirse que lo que no está prohibido está permitido, alegarse previsiones presupuestarias u otras estrategias envolventes el soberano que no es opa con sentencia ejecutoriada percibe claramente la mala intención de esos sujetos para seguir perforando el proceso que está, en lo que concierne principalmente a sus escasos tiempos (31 de diciembre), en los descuentos del partido.

Si sospecharían algo de derecho o alguien les explicaría y/o entendieran, quedarían en condiciones de saber que la Constitución Política del Estado (CPE) solamente prevé un procedimiento de consulta previa de un proyecto de ley sobre su constitucionalidad (arts. 202.7 de la CPE y 111 y siguientes del Código Procesal Constitucional), siendo los únicos legitimados para formularla, los presidentes del Ejecutivo; Judicial o Legislativo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), teniendo lo resuelto efecto vinculante. Cualquier otro procedimiento como el inventado, constituye sencillamente una soberana pérdida de tiempo y muestra la mala fe con la que proceden.

A mi juicio, el tema de fondo es que con fines aviesos no se tiene genuina voluntad política para avanzar en lo que les toca —en el caso, sancionar la ley ordenada por el TCP— y así soportar la realización de esas elecciones judiciales que debieran realizarse este año, de forma que a inicios del siguiente se posesionen a los nuevos altos cargos del sistema, ojalá legítimos (a diferencia de los dos procesos fracasados previos) e idóneos para cerrar el sistema ordinario, agroambiental y constitucional y administrar el judicial.

En las dos anteriores elecciones judiciales, la verdadera elección se realizó no por el soberano que fuimos —como sonsos obligados a votar pero no a elegir— sino por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa que designó a dedo a sus afines y serviles (le inventaron y/o cuidaron el “derecho humano” a su jefazo, etc.) y ahora, como efecto de la ch’ampa guerra del oficialismo, parece poco probable lograr los 2/3 necesarios para escoger quienes serán sus candidatos. Esa es la madre del cordero. Discursitos sobre independencia judicial, idoneidad y otras mamadas, favor abstenerse.

Aunque el Ministerio de Justicia lo ha descartado, so pretexto de evitar un vacío (que no sería tan fiero como lo están pintando), se está tendiendo la cama para el decretazo (sea sólo desde el Ejecutivo o con la ayudita de parte del Legislativo) para ampliar inconstitucionalmente a los actuales y/o meterle no más designando a algunos tontos útiles, que seguramente irán corriendo a posesionarse para disfrutar algún tiempito siquiera “de gloria” (ya ocurrió, aunque no fue legal).

La CPE ha puesto taxativa fecha de caducidad a los actuales altos cargos (seis años, sin lugar a reelección y peor ampliación) y, además, prohíbe la concentración, acumulación y delegación de poderes, peor para otorgar facultades extraordinarias no previstas por ella o diferentes, de manera que nuestros derechos y garantías queden a merced de algún Órgano o persona, e incluso castiga sus actos con nulidad, cuando usurpen funciones que no les competerían ya que no tendrían jurisdicción o potestad emanada de la ley.

Mientras, la espada del tiempo se avecina y, me temo, la cama está siendo maliciosamente tendida para seguir metiéndole no más con la demolición de la supuesta separación de Órganos de poder y, lo que es peor, los derechos y garantías de los ciudadanos seguirán en garras de sujetos dispuestos a meterle no más. Una jungla, no un Estado sujeto al imperio del derecho. Tal parece que Marat lo sentenció clarito: “El Estado de derecho es una especie exótica que no puede aclimatarse en estas tierras”.