La alcaldesa del municipio de San Ramón, Beni, Estela Rodríguez Siles, en una carta pública respondió a la Fiscalía y a la Policía sobre las acusaciones en sus contra, asegurando que no está en la clandestinidad, que políticos con oscuros intereses buscan defenestrarla de su silla y que jamás se involucró en narcotráfico. 

Rodríguez calificó de temerarias las declaraciones de la fiscal de sustancias controladas de Beni y presentó certificados del Rejap que establecen que ella y su hijo no registran antecedentes penales ni sentencia ejecutoriada por delitos penales en Bolivia. 

La alcaldesa asegura que ella y su familia se dedican a la ganadería y que asumirán su defensa; además, señala que, como mujer y madre de familia, demandará a las instancias que corresponden por ley a las autoridades que están cometiendo los atropellos y mellando su dignidad.

Estela Rodríguez Siles manifiesta que el 6 de este mes, cuando la Policía practicaba allanamientos en su casa y en otra propiedad en busca del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, ella estaba cumpliendo sus funciones en la Alcaldía municipal. 

Además, denunció que, cuando la Policía ingresó al pueblo, cometió abusos, pues los motorizados que circulaban por las calles a toda velocidad se llevaron por delante a un motociclista de la tercera edad y por ello la población reaccionó para frenar esos atropellos.

En su carta, la alcaldesa denuncia que una señora que trabaja cuidado su propiedad fue objeto de abuso, pues le secuestraron el teléfono sin ningún motivo pese a que colaboró con las autoridades. 

Para la alcaldesa, se están vulnerando sus derechos, pues están presumiendo primero su culpabilidad cuando la Constitución Política del Estado establece la presunción de inocencia mientras no se pruebe lo contrario.

“Somos gente de bien, dedicados a la ganadería y en mi condición de alcaldesa dedicada al cien por cien de mi tiempo a realizar gestión municipal en San Ramón en beneficio del pueblo. Ellos son fieles testigos de mis actividades diarias que son transparentes”, sostuvo la alcaldesa de San Ramón. 

También manifestó que “no es posible que una autoridad -que representa a la ley, desconociendo la propia Constitución,  que establece el principio de presunción de inocencia - realice declaraciones temerarias que le conllevan responsabilidad y las que haré valer ante las instancias legales que correspondan, como madre de familia ciudadana y autoridad electa por San Ramón”.

“A mi pueblo de San Ramón quiero manifestarles, una vez más, que, con la frente en alto y el orgullo de mujer luchadora por los ideales de este valeroso pueblo, tienen una alcaldesa incorruptible honesta, y despojada de cualquier intención delictiva. No me amedrentan, por el contrario, me impulsan a seguir trabajando con más dedicación y entusiasmo. A los políticos que están detrás de esta canallada con el fin de conspirar en busca de defenestrarme de la silla edil les manifiesto que no solo demostraré mi inocencia donde me convoquen, sino que seguiré en mi camino por el bienestar y el progreso de san Ramón", señaló la autoridad municipal.

De su parte, su abogada Blanca Mercado lamentó las declaraciones de la fiscal antinarcóticos Paola Amparo Gómez, que en sus declaraciones contra la alcaldesa de San Ramón presume la culpabilidad. 

La jurista manifestó que la alcaldesa nunca estuvo en la clandestinidad, sino que está desarrollando sus funciones como autoridad electa. Además, Mercado dijo que demandarán, por vulneración de derechos, a la autoridad de la Fiscalía por emitir criterio público y condenar de entrada por delito de narcotráfico a la alcaldesa Estela Rodríguez Siles, que no tiene ningún antecedente penal, según certificaciones del Rejap.

La fiscal Paola Amparo Gómez, tras el allanamiento a la propiedad de la alcaldesa informó que se secuestró armas de fuego, munición, así como gasolina de aviación en una propiedad que está a nombre de la alcaldesa.

Informó que la alcaldesa tiene antecedentes por narcotráfico y que también hicieron desaparecer los expedientes. Además, indicó que el hijo de la alcaldesa estaba relacionado con el caso de Francisco Alejandro Suescun Rivero, más conocido como 'Carachas', que fue asesinado a balazos en junio en Santa Ana de Yacuma.