El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, desahució este miércoles la posibilidad de realizar las elecciones judiciales este año.

“Ya no hay posibilidad de hacer una elección en el curso de este año creo que podemos hacerlo en la primera segunda o tercera semana del mes de enero”, dijo a los periodistas en Sucre.

Una vez más defendió la premisa de que ese órgano del Estado requiere de al menos 90 días para organizar dicho proceso.

Hassenteufel recordó que se estableció el 4 de septiembre como fecha límite para la entrega de la lista de 96 postulantes preseleccionados a dicho proceso. Eso, con el fin de realizar los comicios hasta el 3 de diciembre de este año.

La Asamblea Legislativa no logró, primero, acordar una ley para llevar adelante el proceso, tampoco las ocho fases que le competen al Órgano Legislativo, desde la preselección de postulantes, la evaluación meritocrática y las entrevistas, entre otras.

“Creo que podemos hacerlo en la primera, segunda o tercera semana del mes de enero (de 2024), si acaso en la Asamblea Legislativa, concretamente en la Cámara de Diputados, avanza el tratamiento de la ley que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores”, agregó Hassenteufel.

También adelantó que el TSE maneja “tres calendarios nuevos”, siempre y cuando la ley para las judiciales sea aprobada por la Asamblea Legislativa.

El 31 de agosto, la Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, la nueva redacción del proyecto de ley para la regulación de la preselección de postulantes a magistrados hacia las elecciones judiciales.

Luego, el documento fue remitido a la Cámara de Diputados y llegó hasta la Comisión de Constitución de ese órgano camaral.

Para “evitar errores” procedimentales, esa oficina envió una consulta al Órgano Judicial, al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al TSE.

Sobre eso, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y jefe de bancada, Andrés Flores, afirmó que el Órgano Judicial, el TCP y del TSE tienen un plazo de 15 días para emitir una respuesta, que, según dijo Flores, “es el tiempo establecido por la normativa”.

El 31 de julio, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 60/2023, que anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513, y dejó en fojas cero el proceso.

El documento manda también a que todas las decisiones en torno a ese proceso se aprueben con los dos tercios de votación en la Asamblea Legislativa.

Desde entonces, surgió la necesidad de “consenso” entre las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa.

Entretanto, un grupo de legisladores instaló una huelga de hambre en el edificio legislativo Exige que el debate de esa propuesta de norma pase al plenario por dispensación de trámite, es decir, sin que sea revisada por la comisión correspondiente.