Potosí es un departamento con una gran riqueza, pero al mismo tiempo rezagado y con muchas necesidades pendientes por satisfacer. Constituímos la paradoja boliviana: Una región que posee una gran riqueza natural como el Salar de Uyuni, El Cerro Rico y Toro Toro (y otros) y que a su vez tiene uno de los índices más bajos de desarrollo humano en el país.

A menudo, la sociedad potosina se enorgullece de su identidad que la asocia con la opulencia de la explotación de la plata, en particular durante los siglos XVI y XVII. En esta visión, Potosí es vista como una de las ciudades más opulentas y pobladas del imperio español. Pero esta perspectiva omite el saqueo, la explotación y la contaminación producidos por la industria minera colonial. Las más recientes investigaciones sobre los efectos de la minería de ese periodo (como las de Nicholas Robbins sobre Huancavelica) hacen especial énfasis en los efectos negativos de la industria en la salud humana y en la naturaleza. Hablamos así del Cerro Rico como un símbolo de nuestra historia, pero pasamos por alto el costo humano de su explotación. Hay un estimado de cuatro mineros muertos semanalmente. A lo que debe sumarse las enfermedades ocupacionales y los accidentes laborales. Celebramos el potencial del litio que se encuentra en Uyuni, pero rara vez cuestionamos los costos ambientales y sociales de su extracción.

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Nos preguntamos por qué Potosí no avanza ¿Qué impide la elevación de sus índices de desarrollo humano? Hay varios ejemplos que muestran las duras condiciones del departamento y de la ciudad: las condiciones de trabajo informal, la falta de empleo juvenil, la contaminación ambiental, el abandono de niños y niñas y el aumento de la violencia. Si bien es cierto que las regalías mineras deberían ser más altas para así aumentar la inversión social, una se pregunta si esos fondos se utilizarían de manera responsable. Porque uno de los problemas principales que tiene Potosí es el de su élite política. Hay numerosos ejemplos que muestran como estas autoridades despilfarran los recursos en altos salarios y en el clientelismo. Los partidos políticos han tomado los gobiernos departamentales y municipales para la distribución de prebendas.

Las instituciones públicas están profundamente corroídas por la corrupción y por el sistema clientelar. Dos ejemplos ilustrativos son los casos del gobernador Jhonny Mamani y el alcalde municipal Jhonny Llally. El primero se encuentra detenido preventivamente bajo los cargos “legitimación de ganancias ilícitas”, durante su gestión como alcalde de Tahua. En sus cargos en contra se ha sumado la compra irregular de 41 ambulancias durante su periodo como gobernador. El segundo se encuentra también bajo detención preventiva por un caso de abuso sexual. Hay también cuatro acusaciones en el mismo sentido que podrían materializarse en casos penales en su contra. La gravedad de estos hechos nos debe llevar a reflexionar sobre el modelo de democracia clientelar que se ha instaurado en nuestro país. Un sistema en que las autoridades hacen un uso indiscriminado de los recursos y contratan a sus amigos y leales tanto para brindar servicios a los gobiernos (departamentales y municipales) como para trabajar en ellas. Estas élites políticas forman unas redes de poder donde se tolera la sexualización y el abuso. En muchos casos, lxs funcionarixs prefieren callar para cuidar sus empleos. Estos dos casos nos muestran cómo las instituciones públicas son vulnerables a la corrupción. Los partidos políticos, de izquierda o de derecha, han defraudado a Potosí y a su gente, aprovechándose de sus recursos públicos y priorizando sus intereses partidarios.

Ante la existencia de élites políticas que reproducen el sistema clientelar y que impiden el desarrollo de Potosí. Una de las misiones de nuestra ciudadanía es exigir transparencia en sus actividades y en el uso de los recursos públicos. Pero también debemos demandar un sistema político distinto y una cultura política que erradique las prácticas clientelares. ¿Es ello posible? Sin duda. Es un proceso largo y complejo pero que debe iniciarse ya para alcanzar un mejor futuro para nuestra región. Un primer paso es la fiscalización y la exigencia de la transparencia.