La estabilidad política es de fundamental importancia en el control, ejercicio y reproducción del poder. De acuerdo con esa importancia, lo primero que despliegan los gobernantes cuando toman el poder es, precisamente, el establecimiento de pactos y alianzas. De acuerdo con las circunstancias, estas alianzas pueden ser con otras fuerzas políticas o con sectores y/o organizaciones gravitantes de la sociedad civil. En gobiernos autoritarios, obviamente, los pactos son con los militares y fuerzas del orden, como en Nicaragua y Venezuela, por ejemplo. 

En el ciclo de la democracia pactada, como ningún candidato ni fuerza política obtenía el 50 por ciento más uno, las alianzas eran entre partidos. La estabilidad política y la gobernabilidad democrática, dependían de esas coaliciones. Conformar “mayorías parlamentarias” era vital para la estabilidad democrática. Ese fue el camino que discurrió la democracia en Bolivia desde 1985, hasta 2002, inclusive. Fueron cinco gestiones constitucionales en la que la estabilidad política se fraguo a partir de los acuerdos entre partidos.

Sin embargo, esos pactos nunca fueron a instancias de programas o ideologías. Primó en ellos la lógica prebendal, el intercambio cínico de apoyos en el Legislativo a cambio de cuotas en el aparato del Estado. Se repartían todo, desde ministerios y embajadas, hasta el poder judicial. Esto, hizo perder de vista la gestión gubernamental y la elaboración de políticas públicas en la perspectiva de un proyecto que englobe a la sociedad en su conjunto. Esta lógica perversa de apoyos a cambio de espacios y cuotas convirtió la política en un verdadero “negocio”. Esta forma de hacer política, el enriquecimiento temprano a costa del Estado, envileció a los políticos y socavó los cimientos de la democracia pactada.

En el ciclo del Estado plurinacional, en esa dinámica hay un cambio sustancial de actores. Como ya no son necesarios los pactos en el Legislativo; las alianzas, para lograr estabilidad y gobernabilidad, son con los llamados “movimientos sociales”. Mejor dicho, con sus dirigentes. Estos, como en el ciclo neoliberal, se cuotearon el aparato del Estado. Al igual que los políticos de la democracia pactada, o talvez peor, comenzaron, con voraz apetito, a medrar del Estado y favorecerse, en licitaciones, contratos y todo tipo de compras. Meten “el dedo en la lata” incluso en la compra de barbijos. De ahí que muchos dirigentes de estos —ahora mal llamados— “movimientos sociales” difícilmente pueden comprobar el origen de su patrimonio y el tamaño de sus ilícitas fortunas. Son los nuevos ricos del ciclo del Estado Plurinacional. Y, lo que es peor, creen que tienen todo el derecho a eso. A tal extremo que, para todos ellos, aprovecharse de los fondos fiscales, si bien no es legal; es legítimo. Para muestra, solo vean lo que sucedió con el ex Fondo Indígena. Dispusieron a su antojo cerca de 500 millones de dólares.

Estos dirigentes desarrollaron también enormes habilidades de “chantaje”. Son verdaderos expertos en ese sentido. Cuando no obtienen lo que quieren y desean, amenazan con salir a las calles o bloquear carreteras. Como la estabilidad política, la gobernabilidad y el “voto orgánico” están en sus manos, casi siempre consiguen lo que quieren.

Ahora bien, como aquellos no tienen rivales en cuanto a la estabilidad se refiere —las fuerzas políticas de oposición no tienen ningún peso y trascendencia pues su accionar es inocuo y sus líderes “eunucos”— han comenzado a “mirarse entre ellos”. Se cuestionan por qué esta dirigencia tiene más privilegios que la otra, por qué este dirigente tiene más patrimonio que el otro. Están demandando “igualdad de oportunidades”, desplazando, por ejemplo, a la dirigencia del trópico que tantos privilegios acumuló en el mandato de Morales.

Si bien, en un primer momento participaron en la concepción de proyectos y políticas públicas, inexorablemente, con el tiempo se extraviaron en los laberintos de la corrupción y el rápido enriquecimiento a costa del Estado. Hoy, en estas circunstancias es más “negocio” ser dirigente que político.

Precisamente, la disputa actual por el control de los “movimientos sociales” entre Evo y Lucho es brutal y encarnizada. La creación de paralelos en el Pacto de Unidad y en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) son síntomas de ese proceso. La estabilidad política del Gobierno de Lucho, depende en sumo grado de esas alianzas. El futuro político de ambos, también.

 

El autor es profesor de la Carrera de Ciencia Política de la UMSS