Los pedidos y exigencias de las organizaciones afines al Gobierno ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que anule o suspenda el congreso del MAS en Lauca Ñ fueron desahuciadas por el abogado constitucionalista, Israel Quino, quien rebatió el pedido con media docena de artículos de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096).

“La ley 1096 de Organizaciones Políticas no otorga competencia alguna para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral vía una Resolución de Sala Plena convoquen a un nuevo congreso o anulen las convocatorias a congresos de cualquier partido político”, dijo el experto y añadió que la misma ley solo otorga la facultad del acompañamiento o veeduría de un acto político.

El pacto de unidad que responde a la línea del Gobierno, se presentó el jueves ante el TSE y, mediante un memorial los militantes exigen que, por no cumplir los estatutos del MAS, el congreso convocado para octubre en Lauca Ñ sea anulado y se convoque uno diferente en otra región del país.

Asimismo, el diputado suplente Rolando Enríquez Cuéllar también pidió que este evento político sea suspendido desde el TSE y que se convoque a nuevo congreso, esta vez con el aval de las organizaciones sociales.

El 24 de agosto, la sala plena del TSE aprobó el acompañamiento del congreso del MAS en la población cochabambina. Las organizaciones afines al Gobierno exigen que se cambie la sede del congreso y que se realice en la ciudad de El Alto.

“En ese marco, es altamente probable que el Tribunal Supremo Electoral desestime los pedidos, a menos que ingrese en ilegalidades, que luego les cauce responsabilidad penal”, advirtió Quino.

El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, recordó que la relación de este Tribunal con los partidos se mantiene a través de los delegados políticos que los propios partidos acreditan y por tanto, cualquier pedido a nombre de un partido debe realizar el delegado acreditado y no los militantes.

Los procedimientos democráticos para la elección de dirigencias están dispuestos en los estatutos orgánicos de los partidos y no en la voluntad disidente de una parte de su militancia, explicó Quino y refirió el artículo 26 de la Ley 1096. Los militantes deben sujetarse a las resoluciones y demás decisiones que se adopten las dirigencias, precisó.

Asimismo, recordó que todos los militantes tienen derechos y obligaciones establecidas en la propia ley y los estatutos internos de las organizaciones políticas y deslizó la duda sobre la militancia de los que están pidiendo la cancelación de este evento.