En un pronunciamiento de 18 puntos y 12 resoluciones, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos (CONTIOCAP) exige la abrogatoria de la Ley Minera 535 y advierte que la destrucción de las áreas protegidas derivará en la desaparición de los pueblos indígenas.

“Rechazamos lo que la Ley Minera 535 está ocasionando en Bolivia; por tanto, exigimos su abrogación porque solo privilegia derechos de sectores privados corporativizados extranjeros que saquean el oro bajo la fachada coorporativizada, y no así los intereses del país”, indica la primera resolución.

El documento, en el que los firmantes lanzan una dura crítica al Gobierno, indica que “el mercurio es una gran parte del problema de la minería del oro que atenta contra la vida, pero todos los problemas asociados a esta actividad son igualmente letales para nuestras poblaciones”. Hace notar que la minería aurífera no es la base de la economía del país porque apenas aporta 2,5% de regalías.

El pronunciamiento indica que “la destrucción de las áreas protegidas y territorios indígenas implicará, por acción sistemática y consciente del Estado, la desaparición de los pueblos indígenas originarios campesinos, incluidos nuestros hermanos en aislamiento voluntario, que son delitos de etnocidio y de lesa humanidad”.

En ese marco, la organización indica que los gobiernos tienen la obligación de preservar las áreas protegidas y territorios indígenas y tienen la responsabilidad de buscar opciones económicas pensadas para la población.

La entidad asegura que “desde el Gobierno central se empeñan en destruir todas las áreas protegidas con nomas de menor rango, para facilitar exploraciones petroleras como en el caso de Tariquía, así como en territorios indígenas del norte de La Paz y Pando, donde incluso ingresan con proyectos engañosos para hacer exploraciones sísmicas dañando bosques de castañales”.

La organización indígena parte su comunicado haciendo referencia a la frase del presidente Luis Arce en sentido de que, en cuanto a producción de gas, que es la principal fuente de ingresos del país, “hemos tocado fondo”.

Al respecto, indican que “la historia de siempre puede volver a repetirse de manera trágica- toda vez que hay crisis económica en el país por la incompetencia de los gobiernos de turno, el costo de esa mala gestión lo pagamos y sufrimos los más pobres y vulnerables, dejando en la impunidad y posición privilegiada a los corruptos que la ocasionan”.

Hacen notar que los indígenas tienen emprendimientos de diferente naturaleza en diversas partes del país como aquellos que tienen que ver con el turismo, pero que están siendo destruidos por el extractivismo.

Respecto al uso de la tierra, CONTIOCAP indica que “el sector vinculado a la política estatal que fomenta redes de tráfico de tierras, donde el INRA se ha convertido en el principal responsable de despojo de territorios de pueblos indígenas originarios, con la titulación de tierras a terceros ajenos a nuestros territorios. Estos colonizadores supuestamente son parte de organizaciones llamadas interculturales, quienes luego alquilan o venden las tierras a los grandes capitales del agronegocio lucrando con el sometimiento y servidumbre de la madre tierra”.

Los firmantes reivindican el derecho a la consulta previa y rechazan que exista una nueva reglamentación, puesto que ese derecho ya se encuentra establecido en la Constitución Política del Estado e instrumentos legales internacionales.

Además, rechazan el nombramiento del nuevo Ministro de Medio Ambiente y del director el Sernap, expresan su apoyo al pueblo Tsimán de Yucumo, cuyos derechos ancestrales sobre el territorio no han sido reconocidos en una reciente acción popular y demandan la aprobación de una ley de protección de los recursos hídricos.