Francisco Vargas, vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), descartó la posibilidad de que este año se realicen las elecciones judiciales, debido a que, incluso si la aprobación de la ley se da de forma inmediata, los plazos ya no alcanzan para que los comicios se realicen este 2023.

“(El proyecto de ley) establece 45 días para que la Asamblea lleve el proceso de preselección y 90 días para que el Tribunal Supremo Electoral organice las actividades y tareas operativas, para un proceso electoral; en tal sentido, si la ley fuera aprobada hoy, pues ya no sería posible llevar esta elección, por lo menos este año 2023, se tendría que pensar en tener un calendario electoral tener un procesos electoral que contenga algunas actividades a ejecutarse el 2023 y otras a ejecutarse el 2024”, dijo

El vocal electoral, en declaraciones al programa Detrás de la Verdad, explicó que el proyecto de ley establece el plazo mínimo de 45 días exigido por el TSE para organizar los comicios, debido a que el término ideal serían 120 días.

El proyecto de ley para la realización de las elecciones judiciales fue aprobado el jueves de la semana pasada por el Senado y remitido en forma inmediata a la Cámara de Diputados, para su revisión y sanción.

No obstante, el documento no pasó directamente a plenaria para su consideración, pues fue remitido a la Comisión de Constitución para su revisión, instancia que empezó a tratarlo recién el miércoles.

En la citada comisión se rechazó la dispensación de trámite y voto de urgencia y, por la mayoría de diputados del MAS, del ala arcista, el proyecto pasó a consulta a seis instancias de los órganos Ejecutivo, Judicial y Electoral. El diputado Juan José Jáuregui (MAS), dijo que las instituciones consultadas tienen un plazo de 10 días para enviar sus respuestas.

Vargas señaló que el trabajo del Legislativo debe estar encaminado a la preselección de los 96 candidatos electorales, quienes deberán participar en los comicios que se realizarían en 2024.

Los postulantes a ser preseleccionados aspiran a ser magistrados de los tribunales Constitucional Plurinacional, Supremo Electoral y Agroambiental, además de titulares del Consejo de la Magistratura.