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Medio: El Potosí
Fecha de la publicación: viernes 08 de septiembre de 2023
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El alcalde de Potosí, Jhonny Llally Huata, ya no estará en la cárcel de Cantumarca por 15 días sino dos meses. Esa fue la determinación asumida ayer, jueves, por el vocal de la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Julio Miranda Martínez, al aceptar la impugnación de la Fiscalía de Potosí. Pero la mala hora del burgomaestre podría durar todavía más ya que está pendiente otra acusación en su contra por un delito más grave: violación. En este caso, el Ministerio Público ha pedido una detención preventiva de cuatro meses.
Las sombras de duda sobre el alcalde surgieron en abril de este año, cuando D.S.Q.T., una comerciante de 42 años, formalizó denuncia en su contra por la supuesta comisión del delito de violación. De inicio, la denuncia no tuvo gran difusión en los medios porque, por una parte, la supuesta agresión sexual habría ocurrido en enero de 2021 y, por otra, uno de los dos abogados de la víctima es el ex director jurídico y ex secretario de desarrollo humano de la Alcaldía, Hernán López, que fue destituido de este último cargo.
Por esos antecedentes, la deducción generalizada era que el proceso era una revancha en contra de Llally, pero luego aparecieron otras víctimas y las denuncias eran parecidas. Se trata de mujeres que habrían sido abordadas sexualmente por el alcalde en condiciones de vulnerabilidad, ya que todas eran sus subalternas, ya sea por trabajar o tener relación con el Movimiento Cívico Popular (MCP), la agrupación ciudadana de Llally, o por ser funcionarias de la Alcaldía.
La denuncia que quebró la taza fue la de J.F.M.CH., exsecretaria del MCP, de 39 años, quien denunció al alcalde en mayo de este año por haberla acosado más de una vez, con tocamientos impúdicos, a fines de 2020, cuando todavía trabajaba para esa organización política. Lo que inclinó la balanza en este caso fue que el testigo de la última agresión fue nada menos que el hijo de la víctima, que entonces tenía nueve años de edad. Protegido por la cámara Gessel, el menor ratificó la versión de su madre y eso determinó no solo la imputación del Ministerio Público, sino la decisión del juez de primera instancia de ordenar la detención preventiva de Llally, así sea solo 15 días.



