La mesa de negociación política sobre el proyecto de ley de censura a ministros acordó la destitución de las autoridades por el lapso de un año y eliminaron la posibilidad de que el efecto de la censura sea por el resto del periodo constitucional.

“En el caso de las de que la censura sea efectivizada, por dos tercios de los asambleístas presentes, la censura conlleva la destitución inmediata del ministro censurado y este ministro no puede ser ratificado en el mismo cargo durante un año; un año después el Presidente tiene toda la posibilidad de volver a posesionar al ministro censurado en el mismo cargo”, declaró el diputado, Enrique Urquidi que asiste a las negociaciones por CC.

Una reunión de los jefes de bancada con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dispuso la conformación de esta mesa política para presentar un solo proyecto de ley de censura a ministros. Trabajaron en el documento desde el martes pasado.

Según el trabajo avanzado, hasta este jueves la propuesta era que los ministros que sean censurados no podrían acceder a ningún cargo por el resto del periodo constitucional. Esa propuesta fue bajada a un año calendario.

Los partidos analizaron cuarto anteproyectos de ley: el primero enviado por el Órgano Ejecutivo; el segundo presentado por el diputado Carlos Alarcón (CC); el tercero impulsado por la bancada de Creemos; y el cuarto es el documento presentado por la bancada del MAS-ala arcista. No figura un quinto anteproyecto, tal como se había manifestado inicialmente.

El numeral 18 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CEP) faculta a la Asamblea la censura de los ministros. “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las ministras o los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”, señala el precepto constitucional.

La historia

En 2020 durante la presidencia de Jeanine Áñez, la Asamblea dominada por el MAS determinó la censura del ministro Arturo Murillo. Áñez lo destituyó, tal como manda la CPE, y lo volvió a posesionar en el mismo cargo porque la Carta Magna no impide esa “reposesión”.

Entonces el MAS proyectó la ley 1350, que regula los efectos de la censura y prohibió que la presidenta pueda volver a posesionar al ministro censurado en el mismo cargo. Áñez se negó a promulgar la norma y lo hizo, Eva Copa, como establece la CPE.

Ya en el gobierno de Luis Arce, el diputado suplente, Rolando Enríquez Cuéllar, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 1350 que suspendió la prohibición de volver a posesionar al mismo ministro. Con ese fallo, en junio de este año el presidente, Luis Arce destituyó al ministro de Gobierno, Carlos del Castillo, y media hora después lo volvió a posesionar, amparado en el fallo constitucional.

A mediados de agosto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, presentó un amparo constitucional contra la ley 1350 y dijo que se violaban sus derechos; una sala constitucional de La Paz le dio la razón y mandó a suspender todas las interpelaciones. Ese es el problema que ahora intentan solucionar los políticos, porque consideran que se quitó la facultad de fiscalización a la Asamblea.