Varios funcionarios del Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Santa Cruz están en la mira de la Fiscalía. Ayer fue intervenida las dependencias de esta institución para recabar evidencias sobre los certificados de nacimiento boliviano que se le otorgó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la justicia.

La fiscal Mariela Toledo emitió requerimientos para que estos servidores públicos se presenten a declarar. Además, revisará la documentación que fue secuestrada ayer durante un operativo que tuvo el respaldo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Se trata de un caso de uso de instrumento falsificado en el que está implicado Marset, su esposa y funcionarios.

De acuerdo con el informe, esta requisa se ejecutó en las oficinas del Sereci, ubicadas en la Radial 27 y Cuarto Anillo. Los Fiscales buscaron más evidencias tras el informe emitido por una unidad educativa que confirmó que los tres hijos de Marset estaban matriculados con los apellidos falsos Amorín y Márquez de sus padres.

Durante el allanamiento y requisa, la Fiscalía y la Policía secuestraron documentación, equipos de computación y otros por las investigaciones por el delito de uso de instrumento falsificado y falsedad material e ideológica contra el traficante uruguayo.

Sebastián Marset, registraba su nombre en Bolivia como Luis Paulo Amorín Santos, mientras que su esposa Gianina García Troche, como Lariza Márquez Magdalena. Sus hijos también llevaban sus apellidos falsos. 

El 29 de julio, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reportó la fuga de Martset, pero según el informe de la unidad educativa donde estaban inscritos sus hijos, ellos dejaron de asistir a clases tres días antes de esa fecha. El 26 de julio fueron retirados por la puerta trasera de esa escuela.

La fiscal Mariela Toledo informó que las autoridades del Sereci han prestado la colaboración para que las investigaciones se desarrollen con el fin de esclarecer el caso. Por ello, aseguró que se realizarán las valoraciones y que se emitirán citaciones para que unos siete funcionarios declaren en calidad de testigos en el curso de las próximas horas en Santa Cruz.

Desde hace más de 40 días, las autoridades ejecutaron más de 100 allanamientos para dar con el paradero del narcotraficante uruguayo, quien se instaló en Bolivia con su familia y sus hermanos. También era parte de un equipo de fútbol de segunda división y de una comparsa carnavalera.