Efecto de la fractura en el partido de gobierno o manifestación de un tardío asomo de dignidad de su parte, la partida de Wilfredo Chávez de la Procuraduría General del Estado es, sin duda, una noticia alentadora.

Es así, porque de todos los dignatarios de la actual administración, designados por el presidente del Estado, Chávez ha sido un referente de incongruencias, incompetencia y ejercicio abusivo de las funciones que desempeñó desde su posesión, en noviembre de 2020.

Quizás una de sus acciones más coherentes con los afanes políticos, no administrativos, del oficialismo ha sido su activa participación en la campaña del partido de gobierno por imponer la fantasía del “golpe de Estado”, para borrar el oprobio de lo acontecido en las fallidas elecciones de octubre de 2019 y la huida de Evo Morales del país en noviembre del mismo año.

Una actitud natural en alguien que se desempeñó como viceministro en tres ocasiones y ministro en una, durante los gobiernos de Morales de quien fue luego su abogado personal, cuando aquel estaba fuera del país.

Ese trabajo ha sido quizás el precedente profesional más notorio de este personaje, hasta que fue designado Procurador General del Estado. Mientras cumplía esas funciones ha sido responsable del fracaso de la defensa de los intereses del Estado en tres procesos arbitrales y uno de la Comunidad Andina de Naciones, según constataciones de un diputado opositor que siguió de cerca la gestión de Chávez.

Al contrario del pobre desempeño de las atribuciones que la Constitución establece para el cargo que ejercía, el ahora exprocurador logró cierta relevancia mediática por ocurrencias ajenas a sus competencias.

Por ejemplo, en enero de 2022, Chávez, doctor en derecho constitucional, atribuía a una conjura la escalada de contagios de Covid-19 en Santa Cruz. Según él, “la derecha (estaba) conspirando. Y (había) conspirado de manera deliberada en Santa Cruz. Tenemos resultados, tenemos cifras”, aseguraba.

No era la primera vez que ocurría algo tan fuera de lugar en el ejercicio de sus funciones. En septiembre de 2021, el Procurador tuvo la iniciativa de efectuar, durante casi una semana, un recuento de actas electorales de las elecciones fraudulentas de 2019. Una acción del todo inútil pues sus efectos carecían de valor legal, según aclaró el presidente del Tribunal Supremo Electoral.

Otras acciones, como su —también inútil— viaje a EEUU para asistir al inicio del proceso que le sigue ese país al exministro de Gobierno de Jeanine Áñez, o su afán —más figurativo que eficiente— en el caso de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos evidencian que, en casi tres años, Chávez jamás encajó a cabalidad en las funciones a las que renunció “con la conciencia tranquila”.