A pesar del pedido de celeridad del ala evista del MAS y de la oposición, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se toma su tiempo para tratar el proyecto de ley de elecciones judiciales; rechazó dispensar trámite y, por el contrario, elevó consultas a seis instancias de los Órganos Ejecutivo y Judicial para que se pronuncien sobre el contenido del documento.

Con el voto preponderante de asambleístas del MAS, la citada comisión legislativa no aceptó debatir el proyecto de ley de elecciones judiciales, que fue aprobado el jueves de la semana pasada por el Senado, por dispensación de trámite y voto de urgencia, para dar celeridad al tratamiento del documento, pese a que asambleístas evistas iniciaron una huelga de hambre para que esta normativa sea sancionada.

La sesión de esta comisión fue presidida por Juan José Jáuregui (MAS), pese a que este asambleísta fue cuestionado por tener una acusación en su contra por un delito de orden sexual.

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que en el acuerdo de jefes de bancada se acordó el alejamiento de Jáuregui y el nombramiento de otro presidente para que no haya cuestionamientos al proceso de las elecciones judiciales.

Tras la sesión, fue precisamente Jáuregui quien dio a conocer las decisiones asumidas en la comisión. Indicó que, en primera instancia, se acordó elevar en consulta el aspecto económico que contempla el proyecto de ley aprobado por el Senado. Para ello se enviará notas a los ministerios de Economía y Planificación para que expresen su posición sobre los recursos asignados a los comicios.

Al referirse al tema de los plazos, Jáuregui señaló que se elevó una consulta al Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que esta instancia se pronuncie sobre la vialidad de los plazos establecidos en el proyecto de ley para la realización de los comicios judiciales.

Respecto a los requisitos que serán exigidos a los postulantes judiciales, Jáuregui señaló que es importante elevar una consulta el Ministerio de Justicia, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura para que emitan su posición.

El Presidente de la Comisión de Constitución calculó que las seis instancias en consulta deben pronunciarse en un plazo máximo de 10 días, aunque no descartó que, por la “urgencia”, lo hagan en cinco días.

Con esa perspectiva, queda en suspenso la posibilidad de que este proyecto de ley sea aprobado y sancionado esta semana.

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