Convencer a los ciudadanos de que votar en las judiciales sí puede valer la pena va a costar muelas después de tanta descalificación

El asunto clave de la legislatura ha obtenido la luz verde en el Senado, y aún así, las posibilidades de que llegue a buen puerto son escasas. Demasiada gente conspira para que las elecciones judiciales no se lleven a cabo aun cuando un nuevo descalabro podría ser mortal para nuestro régimen democrático.

El acuerdo en la Asamblea Plurinacional es frágil y probablemente la Ley podría ser mejorable, pero es lo que hay. En estos momentos toca priorizar la elección por algunos motivos esenciales, y porque la coyuntura difícilmente podría ser más propicia.

La elección directa de magistrados seleccionados por los legisladores tiene la trampa cuando hay grandes mayorías, pero no es el caso

La elección popular de los magistrados de las tres principales instituciones judiciales: Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal Agroambiental, además de los magistrados del Consejo de la Magistratura, el órgano real del gobierno de los jueces, ha sido criticada con profusión en los 10 años que lleva vigente y se ha intentado cambiar en algunas ocasiones, pero definitivamente es uno de los mandatos genuinos de nuestra Constitución y sin duda, un avance respecto al resto de modalidades.

Por lo general, en el mundo entero son los partidos políticos representados en el hemiciclo los que eligen a los representantes judiciales en función de su propia representación legislativa. Es decir, si se trata de elegir 7 magistrados y la fuerza mayoritaria tiene más del 50% elegirá 4 y el resto dependerá de los porcentajes del resto de fuerzas. Por lo general los magistrados no son afiliados políticos, pero se conoce su tendencia conservadora o progresista y su sensibilidad hacia algunos temas que los hace atractivos para unos o para otros.

La otra modalidad vigente en algunos países es aquello de que “los jueces eligen a los jueces”, pero evidentemente esto adolece de un grosso déficit de igualdad de oportunidades: por lo general, la meritocracia favorece a los aspirantes con mayor poder adquisitivo, pues han podido dedicar más recursos a estudiar, participar de congresos y cursos, etc.

La elección directa de magistrados seleccionados por los legisladores tiene la trampa precisamente en ese proceso previo cuando la fuerza política gobernante ha obtenido amplias mayorías en el parlamento, pero no sucede eso cuando la oposición tiene algún peso y más cuando el propio partido gobernante está dividido, como es el caso. Esta coyuntura obliga a las partes a pactar los nombres como se hace en la mayoría de los países, pero el voto directo permite corregir además cualquier abuso.

Se abre así un periodo interesante para el reequilibrio de fuerzas. En el gobierno están convencidos de que pueden controlar la situación, en el evismo creen que bastará con señalar a los suyos para arrasar en las ánforas mientras que la oposición cree que logrará algún equilibrio de fuerzas en los órganos judiciales que de alguna forma, frenen los abusos de poder y las sentencias politizadas.

El camino a partir de ahora es largo y seguramente será tortuoso: convencer a los ciudadanos de que votar en las judiciales sí puede valer la pena va a costar muelas después de tanta descalificación, pero es importante que lo hagamos todos aquellos que tenemos responsabilidades sobre la opinión pública. Es lo que toca.