En las últimas horas, el presidente Luis Arce hizo el cambio de algunas autoridades; el reciente reemplazo ocurrió en la Procuraduría General del Estado. Para la analista político Susana Bejarano, el jefe de Estado realiza una reestructuración de autoridades en busca de “resultados rumbo al Bicentenario”.

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“Lo que sí creo es que Arce está haciendo una reestructuración, también hubo cambio de la persona encargada de YBL, habrá cambio de Canciller, ya solo faltan dos años de gobierno y hay ajustes necesarios en gestión, porque tienen una razón política, pero creo que lo central es la razón técnica”, expuso Bejarano a Urgente.bo.

Los cambios ocurrieron casi de forma seguida, por ejemplo, el pasado 28 de agosto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, posesionó a Karla Nohelia Calderón Dávalos, como nueva presidenta ejecutiva de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), en reemplazo de Carlos Ramos, 

Además, este pasado martes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, posesionó a Edson Valda como el nuevo presidente ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a.i. en reemplazo de Henry Nina.

La mañana de este miércoles, Wilfredo Chávez fue reemplazado por César Siles, quien fungía como viceministro de Justicia.

Para Bejarano, Arce busca resultados para el Bicentenario, de ahí surgirían los cambios. “Al Bicentenario, Arce quiere tener resultados, creo que los dos años de acabar su mandato debe haber un ajuste de clavijas, que por ahí también tienen una razón política”, dijo la analista.

Expuso además que la salida de Chávez será tildada de política, pero aseguró que esto no aportará al conflicto existente entre evistas y arcistas.

“La salida de Wilfredo Chávez, que será rotulada como política, no aporta nada nuevo en el conflicto. Era evidente que había un desacuerdo entre Chávez e (Iván) Lima, en particular en el tema de la confirmación de la comisión de la verdad sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica, pero insisto que no hay nada nuevo”.

Tras el cambio de Chávez, los llamados radicales, denunciaron una persecución política. El legislador Gualberto Arispe aseguró que el exprocurador fue obligado a renunciar a su cargo.