La Resolución 24/2023 de una Sala Constitucional del departamento del Beni (que mediante un Amparo Constitucional suspendió la primera convocatoria de las judiciales 2023) , la Sentencia Constitucional Plurinacional 020/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que limitó los efectos de la censura parlamentaria; la SCP 060/2023 del TCP (que obliga a sancionar la norma de preselección judicial por 2/3 legislativos) y la reciente Resolución 201/2023 de una Sala Constitucional en La Paz (que mediante un Amparo Constitucional suspenden las interpelaciones del Legislativo), son la forma inconstitucional de aplicar la estrategia del golpe técnico en Bolivia para que el poder se autolegitime "en el poder" a cualquier costo.

Hoy es tiempo del protagonismo institucional electoral de la mano del Tribunal Supremo Electoral luego de que la oposición y oficialismo se unan para evitar la consolidación del Estado inconstitucional del Derecho en Bolivia.

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Los legisladores democráticos e institucionales deben aprobar tres (3) leyes inmediatas: la ley de función legislativa (de interpelaciones), la ley de convocatoria de las judiciales 2024 y la Ley de cierre de Salas Constitucionales (una ley de abrogatoria de la ley 1104 que el 2018 creó 44 Vocales para estas salas en el país).

Esos recientes fallos (todos de este año) tienen objetivos políticos: cercenar/eliminar a los otros poderes del Estado (que intenten generar equilibrio de poderes) y autolegitimar en el poder al aparato gubernamental pisoteando inclusive la Constitución Política del Estado y a quienes resistan aplicar el Lawfare judicial.

Ley de función legislativa

Esta norma vía desarrollo legislativo constitucional debe garantizar el ejercicio pleno de las funciones: deliberativa, fiscalizadora y legislativa a objeto de que ningún fallo judicial de primera instancia (salas constitucionales departamentales) intenten nuevamente cercenarles atribuciones constitucionales resguardadas en la CPE a los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Ley de judiciales 2024

Con la evidencia del golpe técnico en Bolivia hoy se debe revertir el manejo de la justicia a gusto del poder. Hoy los buenos magistrados cumplieron un ciclo, pero los malos, los serviles al poder deben irse y hasta deberían ser procesados (pero cuando se elija un nuevo titular en la Fiscalía General) porque hoy no prosperarán esos procesos.

Si bien las elecciones judiciales en Bolivia este 2023 están desahuciadas y pese al vacío de poder tras el cese de funciones de la cúpula judicial saliente, la institucionalidad democrática en la ALP debe garantizar hoy más que nunca las Judiciales para el 2024 para quitarle al poder su justicia instrumentalizada y renovarlos en búsqueda de jueces que le devuelvan la independencia a este órgano de poder hacia la refundación del país en el Bicentenario.

Ley de cierre de salas constitucionales

Es inconcebible pensar que 44 personas que son hoy son Vocales Constitucionales tengan la posibilidad de hacer dibujo libre con sus Resoluciones atentatorias contra el mandato de la Constitución Política del Estado y quedar impunes por sus atentados a la democracia en Bolivia con sus fallos de Blindaje Político. Por ello deben cerrarse todas las salas constitucionales en territorio boliviano y que esa competencia retorne a los Juzgados ordinarios que en provincias inclusive tienen mayor posibilidad de acceso a la justicia constitucional de la comunidad litigante en Bolivia.

Finalmente, la propuesta de reforma judicial gubernamental está en papel y no avanzó ni un milímetro. La reestructuración de la justicia boliviana quedó en nada, con algunas excepciones. La justicia boliviana es indolente con el pueblo y lamentablemente en algunos casos servil al poder. El golpe técnico en Bolivia tendrá mayores efectos sino se le pone un "freno en seco" al deseo pusilánime del poder de evitar la transformación de la justicia y continuar instrumentalizándola para su único fin de detentar el poder "por el poder" al costo que fuere necesario incluido otro quebrantamiento del orden constitucional.