El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, en conferencia de prensa. ERBOL
Este 4 de septiembre venció el plazo fijado para la entrega de las listas de postulantes preseleccionados de las elecciones judiciales, sin embargo, hasta el momento la Asamblea Legislativa Plurinacional no logró cumplir el ese procedimiento para garantizar las elecciones judiciales.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi calificó como un “fracaso” de ese órgano del Estado por llegar a los consensos necesarios entre las tres fuerzas políticas y cuestionó que en el nuevo proyecto de ley no se haya participado el TSE.
“Ha fenecido ha vencido el plazo que otorgó el Órgano Electoral a la Asamblea para que pudiera entregarnos es la lista de los 96 candidatos preseleccionados para el Órgano Judicial y el TCP, en todo caso, podríamos decir, en pocas palabras, que la Asamblea Legislativa ha fracasado en el envío de esa lista”, dijo a ERBOL
El plazo de entrega de la lista de candidatos preseleccionados permitía al TSE llevar a cabo la elección judicial el domingo 3 de diciembre, la entrega de las credenciales a las nuevas autoridades electas hasta fin de este año y su posesión el martes 2 de enero para que asuman funciones a partir del 3 de enero de 2024.
El artículo 77 de la ley de Régimen Electoral señalaba que el TSE tenía 150 días para organizar un proceso electoral, pero Tahuichi recordó que, de acuerdo a las consultas realizadas, requerían al menos 120 días para el trabajo.
No obstante en el nuevo proyecto de ley, aprobado en la Cámara de Senadores la pasada semana, se mencionan 90 días. Frente a esa propuesta, el vocal pidió al Legislativo que el TSE pueda ser convocado para dar a conocer su postura sobre el tiempo que requieren para organizar ese proceso electoral.
“(La demora) no es de responsabilidad del Órgano Electoral, repito, la responsabilidad del Órgano Electoral es desde la convocatoria de la aprobación del calendario hasta la entrega de la credencial”, añadió.
Desde el 27 de abril el proceso se encuentra paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, contra el nuevo reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.
