Pese a que todo mostraba que la convocatoria a las elecciones judiciales había sido relegada en la agenda legislativa y hasta se desahució la posibilidad de un gran acuerdo político que viabilizará los dos tercios requeridos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Senado sorprendió al país con la aprobación por consenso de un proyecto de ley. Es el turno de los diputados.

Contra todo pronóstico y evidencia, el jueves pasado la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley 144, “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”. El proyecto, que logró mayoría especial y en algunos artículos incluso unanimidad, establece que la fase de preselección de postulantes a cargo de la ALP se realizará en un plazo de hasta 45 días, en tanto que la elección popular organizada por el TSE se hará en un plazo de hasta 90 días. Se viabiliza así una elección que parecía bloqueada.

Además de destrabar las elecciones judiciales en un contexto de persistente polarización y de crisis de la administración de justicia, el proyecto de ley es una muy valiosa demostración de la voluntad de construir acuerdos en el ámbito legislativo. Las tres fuerzas políticas representadas en el Senado (el MAS-IPSP con sus dos facciones, CC y Creemos) pudieron concertar un proyecto con las garantías necesarias para una elección con legitimidad y transparencia. Además, los plazos establecidos son razonables.

En el nuevo contexto, las elecciones judiciales podrían realizarse a mediados de enero y las nuevas autoridades electas debieran estar posesionadas hasta mediados de febrero. ¿Qué pasará en tanto en el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, cuyas máximas autoridades cumplen su mandato constitucional el 31 de diciembre de este año? Cesarán en sus funciones y se prevé un período de transición ordenada.

El proyecto de ley aprobado en el Senado, como cámara de origen, ha sido remitido a la Cámara de Diputados. Se espera que, más allá de algunos discursos aislados que pretenden condicionar el tema, las y los diputados estén a la altura del desafío y, con la misma voluntad de concertación, aprueben la ley con celeridad y sin modificaciones (con sus 37 artículos, 7 disposiciones adicionales y una disposición única). El reto es iniciar sin más demora el proceso de preselección de postulantes.

Para garantizar la legitimidad de las nuevas elecciones judiciales, en sus dos etapas, es fundamental alentar la más amplia concurrencia de postulantes que, además de cumplir los requisitos habilitantes, brinden certidumbre sobre su probidad, experiencia y méritos. Si bien la elección popular de las altas autoridades judiciales no soluciona per se la crisis de la justicia, es una condición necesaria para avanzar en la necesaria e impostergable reforma. El Senado dio una gran señal. Que esta semana lo haga Diputados.