Solo la unidad será capaz de hacer frente y vencer los afanes desestabilizadores de un grupo de autoproclamados dirigentes que perdieron el norte en su afán de boicotear un congreso legal y legítimo en donde fueron derrotados. Las organizaciones sociales aglutinadas en el Pacto de Unidad expresaron que el único ejecutivo legalmente posesionado, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es Lucio Quispe, elegido por mayoría absoluta en el congreso ordinario desarrollado en El Alto.

Sin duda, esta realidad no es del agrado del reducido grupo de autoproclamados dirigentes que, en su afán de obedecer el mandato de su líder, buscaron castigar a la población boliviana con un bloqueo indefinido de carreteras que, ante el rechazo generalizado, tuvo que ser suspendido hasta el 16 de octubre, porque no contaba con el apoyo y llevarlo a cabo iba a demostrar una derrota rotunda.

Las nueve federaciones departamentales de la CSUTCB le dijeron no a la medida radical promovida por el grupo evista y ratificaron su respaldo al gobierno legalmente constituido que está encabezado por el presidente Luis Arce Catacora, que impulsa la industrialización con sustitución de importaciones en el país.

Para el mandatario boliviano, “si las organizaciones sociales están unidas, el Gobierno nacional es fuerte” y así lo afirmó durante la inauguración del V Ampliado Ordinario de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Sur de Potosí.

Lucho es consciente de que en “la unidad radica el potencial para seguir trabajando por el pueblo boliviano” y continuar construyendo una Bolivia industrializada en beneficio de los bolivianos con el apoyo y la unidad de las organizaciones sociales.

Este lunes 4 de septiembre no habrá bloqueo de carreteras, pero el grupo de autoproclamados, pese a su notoria derrota porque varios sectores sociales rechazaron la medida radical, insiste en afectar a la economía del país que está en pleno crecimiento. Un corte de carreteras implicará daños económicos diarios de $us 115 millones y eso las organizaciones sociales no lo van a permitir.