Los legisladores de la bancada de Creemos exigieron al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, a que se defina si es partidario de la transparencia y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) o va continuar encubriendo a ministros incompetentes del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), señaló el senador Henry Montero.

"Le exigimos al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, a explicar al país si apuesta por la ineficiencia, el encubrimiento y la corrupción del gobierno del MAS al aceptar la burda Resolución Constitucional 201/2023, sino asuma su rol de cabeza del Legislativo y haga prevalecer la atribución de fiscalización de los parlamentarios, establecidos en el numeral 8, del artículo 158, de la Constitución Política del Estado", manifestó Montero.

El legislador cruceño argumentó que el país enfrenta una crisis económica y política porque el gobierno del MAS, con los actuales mandatarios quienes igualmente fueron ministros de Economía y Relaciones Exteriores durante la administración de Evo Morales, son los responsables del despilfarro de los fondos millonarios provenientes de la explotación de los recursos hidrocarburíferos, atribuyó este colapso a la ineficiencia de las autoridades masistas, que estuvieron al frente del Estado durante más de una década y media.

"Deploramos la actitud de encubrimiento y complicidad de Choquehuanca, que en vez de encaminar la cosa pública por la transparencia, el cumplimiento de las leyes y la Constitución influye a la coacción del gobierno del MAS que utilizando un vocal servil impuso trabas a la fiscalización de ocho ministros quienes temen rendir cuentas por su negligencia y errores en la formulación y aplicación de políticas económicas, de seguridad, justicia e inversión pública", subrayó Montero.

La posición fue expresada a más de una semana que el Vicepresidente del Estado no se manifestó sobre el tema, excepto a través de las notas formales mediante las cuales comunicó la suspensión de los actos de interpelación.

Una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia determinó como medida cautelar la suspensión de las interpelaciones en respuesta a una acción de amparo que interpuso el ministro de Economía, y a la que se sumaron otros siete ministros del gabinete de Luis Arce.