Durante su intervención en la sesión que finalmente aprobó la ley para viabilizar las elecciones judiciales, Paz destacó la apertura de sus colegas para definir aspectos que posibilitan la ejecución del proceso, sin embrago, puntualizó que se trata de soluciones para solo una parte del problema, pues los “aspectos centrales” del problema en la justicia nacional, aún no se han abordado.
“La reforma de la justicia no se ha hecho. Un posible referéndum, a futuro, para cambiar aquellos puntos de la ley fundamental o debatir nuevos puntos para esta Constitución no se ha establecido”, recalcó el legislador.
En ese sentido, reiteró que viabilizar los Comicios Judiciales es solo una pequeña parte de un problema mayor, ya que en el fondo no se generan soluciones que encaminen una verdadera reforma judicial o den paso a modificaciones en la Constitución para alcanzar esa meta.
Saludando la disposición demostrada por sus colegas en la Cámara Alta, Paz instó a autoridades de Gobierno a convocar a encuentros y reuniones para la elaboración de una “agenda de reformas” para lograr la anhelada reforma de justicia que demanda la población.
Anteriormente, Paz había señalado que, más allá de elegir nuevas autoridades, si de verdad se quiere hacer algo bueno por la justicia, se debe cerrar una agenda de verdaderas reformas en este ámbito, por ello, llamó a sus colegas parlamentarios a reflexionar sobre el verdadero rol que cumplen los administradores de justica en el actual sistema.
“Hoy los tribunales responden a aquello que tiene vinculaciones políticas, si hay un señor que puede ir otra vez a las elecciones o hay otro grupo que quiere controlar definitivamente la política ¿nosotros vamos a decidir eso?”, planteó el parlamentario representante de Tarija.
En ese sentido, aseguró que en el actual sistema los administradores de justicia optan por tres rumbos al momento de desempeñar sus funciones, están los buenos jueces que verdaderamente trabajan en favor de la justicia, los que cometen actos de corrupción y los que se inmiscuyen en decisiones políticas para favorecer a los Gobiernos de turno. “¿Para eso vamos a elegir?, cuestionó.
En criterio del legislador, el representante de Tarija señala que la solución al problema pasa por trabajar en una verdadera reforma de justicia que no esté enfocada solamente en cambiar a magistrados de las altas cortes, sino en estructurar una agenda de reformas que busque cambios estructurales, tal como demanda la población.
“Si queremos hacer realmente algo bueno, elijamos, no hay problema, pero también tenemos que cerrar una agenda de reformas de la justicia, de nada sirve elegir a los que podamos elegir si van a seguir con este modelo de justicia”, indicó.
El jueves, con el apoyo de las tres fuerzas que componen el Órgano Legislativo, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley transitorio para la regulación en la preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y remitió la norma a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión.
Asambleístas destacaron el consenso alcanzado por las fuerzas de oposición y oficialismo para viabilizar las Elecciones Judiciales, esperando la misma apertura por parte de la Cámara Baja, para dar celeridad al proceso de renovación en el Órgano Judicial.
En conferencia de prensa conjunta, miembros de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos, señalaron que los consensos alcanzados se dieron en el marco de la necesidad de efectuar reformas al sistema de justicia nacional y para atender el clamor de la población por una mejor justicia.
Desde el oficialismo, el senador William Torrez, afirmó que la aprobación de la norma lanza una clara señal de que existe voluntad para trabajar en beneficio de la población y la necesidad de contar con una justicia confiable y transparente.
“Con la aprobación de esta ley estamos dando señales que de pensando en el pueblo de Bolivia podemos sacar leyes consensuadas que nos permitan elegir autoridades jerárquicas para el pueblo”, dijo.
Sobre el contenido de la norma, legisladores de las tres fuerzas destacaron que con la nueva redacción se evita todo tipo de “manoseo” y manipulación por parte de la Comisiones o el pleno de la ALP, dejando que sea el voto ciudadano el que, en última instancia, defina a sus nuevas autoridades.
Según el cronograma aprobado, se garantiza el plazo de tres meses requerido por el TSE para la organización del día de votación, este se realizaría en el mes de enero de 2024, en tanto que se espera posesionar a las nuevas autoridades judiciales, en febrero.