“Las elecciones judiciales 2023 están prácticamente desahuciadas en el país, sin embargo la previsión es que en el próximo año, en tanto y en cuanto se cumpla un calendario electoral de responsabilidad del TSE”, dijo en entrevista con radio Panamericana.
En días precedentes, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, recordó que el Órgano Electoral requiere contar con la lista de candidatos hasta el 4 de septiembre para organizar la votación del 3 de diciembre, de forma idónea.
En una oportunidad anterior, el ministro de Justicia, Iván Lima, reiteró que la gestión de las actuales autoridades judiciales concluye el 31 de diciembre de 2023, y no se puede prolongar, por lo que no se elaborará un decreto ni una ley corta que vulnere la Constitución Política del Estado (CPE).
El titular de Justicia advirtió la necesidad de que la AL llegue a un acuerdo y diálogo político con los dos tercios de voto y no así por mayoría simple.
“Una democracia funciona con los cuatro órganos, el valor de un Estado es preservar la democracia (…). Hay 10 días más para tener el mandato claro en la Asamblea, de llegar a un acuerdo y plantearle una solución al país, el 4 de septiembre ya tendrán que hablar los otros órganos del Estado”, manifestó Lima en agosto de 2023.

PROYECTO DE LEY
El 31 de agosto de 2023, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales 2023-2024, con más de dos tercios. De acuerdo al proyecto, solo los postulantes que superen los 65 puntos, sobre un total de 100, pasarán a la sesión de AL que preseleccionará a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), en un proceso que contará con veedores nacionales e internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El artículo 32 de la propuesta señala que: “para pasar a la etapa de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los postulantes deben obtener en la evaluación una nota no menor a 65 puntos”.
“Excepcionalmente, a falta un representante indígena originario campesino o en caso de que no se llegue a la equidad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda”, apunta el parágrafo segundo del citado artículo.
Los criterios de evaluación están divididos en: experiencia profesional (50 puntos), formación académica (40 puntos) y producción intelectual (10 puntos).
En la evaluación de la experiencia profesional se valorará la cátedra universitaria (5 puntos); ejercicio profesional (30 puntos); función judicial y/o Ministerio Público y para el Consejo de la Magistratura trabajos especializados en el área de su profesión (15 puntos).
El haber ejercido como autoridad indígena originario campesino sumará dos puntos para los aspirantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental con excepción del Consejo de la Magistratura.
En tanto, en la evaluación de formación académica se consignará el doctorado (16 puntos), las maestrías (12 puntos), la especialidad (Instituto de Judicatura y/o Escuela de Jueces) (8 puntos) y diplomado (2 puntos).
“La acumulación del puntaje para el cómputo, considerará como máximo dos niveles de estudio por grado académico, hasta un máximo total de 40 puntos acumulativos. El segundo grado académico, valdrá la mitad del puntaje del primero”, aclara la propuesta.
Mientras que, en la evaluación de producción intelectual, los libros publicados en área de estudios y especialización valdrán 3 puntos (por cada libro adicional 1 hasta el máximo de 5 puntos); los artículos científicos indexados o arbitrados en revistas nacionales e internacionales sumarán 3 puntos (por cada artículo adicional 1 punto hasta el máximo de 5 puntos).
De acuerdo con los plazos de la propuesta legal, la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá 45 días para realizar el proceso de preselección de los postulantes.
Para el trabajo de preselección, la norma establece al que las Comisiones Mixtas de Justicia Plural y de Constitución estarán en sesión permanente, y su labor será seguida por veedores nacionales e internacionales.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado convocó a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas a una reunión para el martes 5 de septiembre, para analizar el proyecto de ley de las elecciones judiciales.

GOLPE TÉCNICO
La Resolución 24/2023 de una Sala Constitucional en Beni, que mediante un Amparo Constitucional suspendió la primera convocatoria a las judiciales 2023, la Sentencia Constitucional (SC) 020/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que limitó los efectos de la censura parlamentaria, la SC 060/2023 del TCP, que obliga a sancionar la norma de preselección judicial por 2/3 legislativos, y la Resolución 201/2023 de una Sala Constitucional en La Paz, que mediante un Amparo Constitucional suspenden las interpelaciones del Legislativo, son – según Quino – la forma inconstitucional para aplicar la estrategia del golpe técnico en Bolivia “para que el poder se auto-legitime en el poder a cualquier costo”.
“Hoy es tiempo del protagonismo institucional electoral de la mano del TSE luego de que la oposición y oficialismo se unan para evitar la consolidación del Estado inconstitucional de derecho en Bolivia”, dijo.

TRES LEYES
En ese marco, Quino manifestó que los legisladores democráticos e institucionales deben aprobar tres leyes inmediatas: la Ley de Función Legislativa (de interpelaciones), la Ley de Convocatoria a las Judiciales 2024 y la Ley de cierre de Salas Constitucionales, una ley de abrogatoria de la Ley 1104 que el 2018 creó 44 vocales para estas salas en el país.
“Esos recientes fallos (todos de este año) tienen objetivos políticos: cercenar, eliminar a los otros poderes del Estado que intenten generar equilibrio de poderes y auto-legitimar en el poder al aparato gubernamental pisoteando inclusive la Constitución Política del Estado”, dijo.
Aclaró que con la Ley de Función Legislativa, vía desarrollo legislativo constitucional se debe garantizar el ejercicio pleno de las funciones de los legisladores: deliberativa, fiscalizadora y legislativa a objeto de que ningún fallo judicial de primera instancia intenten, nuevamente, cercenarles atribuciones constitucionales resguardadas en la CPE.
Apuntó que con la evidencia del golpe técnico en Bolivia, se debe revertir el manejo de la justicia a gusto del poder y viabilizar la Ley de Judiciales 2024.
“Hoy los buenos magistrados cumplieron un ciclo, pero los malos, los serviles al poder deben irse y hasta procesados, pero cuando se elija un nuevo titular en la Fiscalía General, porque hoy no prosperarán esos procesos”, dijo.
Apuntó que si bien las elecciones judiciales en Bolivia este 2023 están desahuciadas y a pesar del vacío de poder tras el cese de funciones de la cúpula judicial saliente, la institucionalidad democrática en la AL debe garantizar las judiciales 2024 para quitarle al poder su justicia instrumentalizada y renovarlos en búsqueda de jueces que le devuelvan la independencia a ese órgano.
Asimismo, Quino asegura que es inconcebible pensar que 44 personas que hoy son Vocales Constitucionales tengan la posibilidad de hacer dibujo libre con sus resoluciones atentatorias al mandato de la CPE y quedar impunes ante los atentados a la democracia en Bolivia con sus fallos de blindaje político.
“Por ello deben cerrarse todas las salas constitucionales en territorio boliviano y que ésa competencia retorne a los juzgados ordinarios que en provincias inclusive tienen mayor posibilidad de acceso a la justicia constitucional de la comunidad litigante en Bolivia”, manifestó.