La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, número 144, que regula la preselección y habilitación de postulantes a magistrados para los comicios que se convocarían para el próximo año, tomando en cuenta que se requerirá de 135 días calendario hasta llegar al acto electoral. 

La norma no contempla la prórroga de los actuales magistrados porque, a partir del 2 de enero de 2024, rige una fase de transición a cargo del personal subalterno, con la suspensión de todos los plazos procesales, hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales y del TCP, que podría ser en febrero.

Esta propuesta fue aprobada por dos tercios de votos, en sus estaciones en grande y en detalle, por la oposición y por senadores de mayoría del ala “evista”. Ahora tendrá que pasar a Diputados, donde tienen primacía los parlamentarios afines a Luis Arce.

El documento contempla en total hasta 135 días (cuatro meses y medio) para la fase de elección de las autoridades judiciales.

CRONOGRAMA

El proceso se divide en dos etapas: La preselección de postulantes, que durará hasta 45 días calendario; y la fase de organización y realización de la votación popular, hasta 90 días calendario.

De acuerdo con el nuevo cronograma, se prevén 15 días para la presentación de postulaciones, 10 días para la verificación de los requisitos, dos para las impugnaciones y cuatro para la resolución de las impugnaciones.

El artículo 7 de la norma establece que las universidades públicas y privadas, los colegios de Abogados y de Auditores o Contadores Públicos, fundaciones y organizaciones civiles, empresariales, entre otras, podrán acreditar a un representante como veedor y fiscalizador de la fase de preselección.

La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen de igual manera como veedoras del proceso, según el artículo 8.   

La propuesta establece un nuevo calendario, pero no señala fechas específicas de cuándo empezará el nuevo proceso. Solamente fija los días que tendrá cada fase.

En ese marco, el Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en el proyecto.

Luego de concluir la sesión, la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Gladys Alarcón, pidió que la Cámara de Diputados pueda aprobar la norma con celeridad para viabilizar los comicios que permitan cambiar a las actuales autoridades judiciales.

Desde el 27 de abril el proceso se encuentra paralizado por una acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesta por el diputado de Creemos, Leonardo Ayala, contra el nuevo reglamento y la convocatoria de la preselección judicial.

En pasados días, el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, lamentó que en el Legislativo no se haya aprobado una ley consensuada y apeló al “compromiso y vocación democrática” de los políticos para viabilizarlo.

CONTRATACIONES

La norma faculta al Órgano Electoral Plurinacional para realizar contrataciones directas, de “manera excepcional”, para las adquisiciones de bienes, servicios y consultorías que se consideren necesarios para las elecciones judiciales.

La transición con los subalternos

La norma establece que a partir del 2 de enero, el personal subalterno del Órgano Judicial realizará la transición ordenada de todo lo que puedan necesitar las nuevas autoridades electorales y deja en suspenso los plazos procesales de todas las causas.

“Desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de las magistradas y magistrados, consejeras y consejeros electos por el voto popular, el personal subalterno de estas instituciones, en las diferentes áreas de trabajo, implementarán una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas”, señala la sexta disposición adicional del proyecto.

SOBRE EL TEMA

1.   El diputado Carlos Alarcón (CC) mencionó que se estima que la posesión de las nuevas autoridades será las primeras semanas de febrero de 2024 y que “no se harán acefalías”.

2.   El 2 de enero de 2024, los magistrados salientes “no pueden firmar ninguna resolución, ni sentencia, ni actuación administrativa orgánica”, dijo, por lo que se suspenden los plazos.

3.   Más temprano, el presidente Luis Arce manifestó su confianza en que la Asamblea Legislativa pueda encontrar una solución, enmarcada en la CPE, para viabilizar las judiciales.

4.   Tras la aprobación del proyecto de ley en el Senado, el viceministro de Justicia, César Siles, pidió “transparencia” y “meritocracia” en la selección de postulantes.