CONSENSO. Los miembros del Senado cuando aprobaban este jueves la nueva propuesta de ley por dos tercios de votos. FOTO: SENADO
La Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, número 144, que regula la preselección y habilitación de postulantes a magistrados para los comicios que se convocarían para el próximo año, tomando en cuenta que se requerirá de 135 días calendario hasta llegar al acto electoral.
La norma no contempla la prórroga de los actuales magistrados porque, a partir del 2 de enero de 2024, rige una fase de transición a cargo del personal subalterno, con la suspensión de todos los plazos procesales, hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales y del TCP, que podría ser en febrero.
Esta propuesta fue aprobada por dos tercios de votos, en sus estaciones en grande y en detalle, por la oposición y por senadores de mayoría del ala “evista”. Ahora tendrá que pasar a Diputados, donde tienen primacía los parlamentarios afines a Luis Arce.
El documento contempla en total hasta 135 días (cuatro meses y medio) para la fase de elección de las autoridades judiciales.
CRONOGRAMA
El proceso se divide en dos etapas: La preselección de postulantes, que durará hasta 45 días calendario; y la fase de organización y realización de la votación popular, hasta 90 días calendario.
De acuerdo con el nuevo cronograma, se prevén 15 días para la presentación de postulaciones, 10 días para la verificación de los requisitos, dos para las impugnaciones y cuatro para la resolución de las impugnaciones.
El artículo 7 de la norma establece que las universidades públicas y privadas, los colegios de Abogados y de Auditores o Contadores Públicos, fundaciones y organizaciones civiles, empresariales, entre otras, podrán acreditar a un representante como veedor y fiscalizador de la fase de preselección.
La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de su presidencia, invitará a representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que participen de igual manera como veedoras del proceso, según el artículo 8.
La propuesta establece un nuevo calendario, pero no señala fechas específicas de cuándo empezará el nuevo proceso. Solamente fija los días que tendrá cada fase.
En ese marco, el Tribunal Supremo Electoral podrá adecuar la convocatoria, el calendario electoral y los procesos administrativos necesarios a los alcances y plazos establecidos en el proyecto.
Luego de concluir la sesión, la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Gladys Alarcón, pidió que la Cámara de Diputados pueda aprobar la norma con celeridad para viabilizar los comicios que permitan cambiar a las actuales autoridades judiciales.
