La Paz, 31 de agosto de 2023 (ABI).- La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley transitorio para las elecciones judiciales 2023-2024 que, entre otras disposiciones, establece que los actuales magistrados deben dejar sus cargos en diciembre y que, a partir del 2 de enero y hasta la elección de nuevas autoridades, se abrirá un proceso de transición judicial a cargo de personal subalterno.

Mientras tanto y “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite en los despachos de las magistradas…hasta la posesión de las nuevas autoridades electas”.

La iniciativa legal concertada y aprobada establece que, en el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agrario, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, “el personal subalterno de estas instituciones, en las diferentes áreas de trabajo implementarán una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman su despacho en condiciones adecuadas”.

Los actuales magistrados deberán dejar sus cargos en diciembre y desde el 2 de enero de 2024  personal subalterno se hará responsable de la transición en cada una de las cuatro máximas instancias judiciales y de control constitucional, de acuerdo a la disposición sexta del proyecto de ley que pasó para su tratamiento y aprobación al Senado.

Según la iniciativa legal concertada entre el MAS y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), el proceso de postulación y preselección de candidatos judiciales, que es responsabilidad del legislativo, tendrá un plazo de hasta 45 días.

Mientras “la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta 90 días calendario”.

A partir de los plazos, se perfila para enero las elecciones judiciales y para febrero la posesión de las autoridades electas.

El 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que exige una ley para las judiciales aprobada por dos tercios de los asambleístas. En la sentencia se declaró inconstitucionales la convocatoria y reglamento del proceso de preselección, lo que dejó en foja cero el proceso iniciado en el Legislativo.

cc