Las tres fuerzas políticas en la Cámara de Senadores ―Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos―, a través de un pacto polícto aprobaron el proyecto de ley para las judiciales, que prevé su realización en enero. El documento pasó a Diputados.

Luego del fracaso de la comisión técnica de la Asamblea Legislativa que debía elaborar un único proyecto, el pleno del Senado avaló ayer por unanimidad, en grande y en detalle, la propuesta de ley.

El miércoles, la directiva de la Cámara Alta convocó a los representantes de las tres fuerzas políticas con el objetivo de la instalación de una mesa de diálogo para reencaminar el proceso electoral.

Pacto político

La bancada del MAS en el Senadores destacó el entendimiento arribado. La presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Patricia Arce (MAS), señaló que se pudo llegar a un consenso basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que demandó una ley que aplique en todo el procedimiento el respeto a los dos tercios para la votación.

“Agradecer a las tres fuerzas políticas, que hemos podido llegar a un consenso y garantizar las elecciones judiciales. Planificamos que para mediados de enero puedan ser las elecciones y hasta los primeros días de febrero podamos estar con las nuevas autoridades”.

El senador William Tórrez (MAS) remarcó que este logro es una señal de que el Senado trabaja por el pueblo, con lo cual se espera renovar a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TCP, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

En tanto, los senadores Luis Seoane (CC) y Henry Montero (Creemos) coincidieron en subrayar el entendimiento. “Aquí estamos la bancada de Comunidad Ciudadana y Creemos, hemos aprobado la ley transitoria y este es un esfuerzo de todos seandores y bancadas. Aquí no hay ningún partido que se pueda adueñar de este logro”, afirmó el primero.

Dato

El diputado Carlos Alarcón (CC) aclaró que tras la culminación de la gestión de los actuales magistrados (31 de diciembre) no es que quedan los cargos acéfalos, sino que son cargos concluidos “por mandato” constitucional. “La Constitución señala que los magistrados no pueden quedarse ni un minuto más, si se quedarían, serían magistrados de facto y estarían cometiendo delito. Eso lo dispone la norma”.

El documento aprobado que pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento consta de 37 artículos, siete disposiciones adicionales y una disposición final. 

De acuerdo con las disposiciones adicionales, en el apartado séptimo inciso II se establece que la postulación y la preselección de postulantes tendrán una duración de hasta 45 días calendario, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional; mientras que la organización y la realización de la votación popular tendrán una duración de hasta 90 días calendario, lo que está en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Personal

También se indica que, desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de los magistrados y consejeros electos por voto popular, el personal subalterno del Órgano Judicial en las diferentes áreas de trabajo implementará una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas. Las autoridades salientes, además, están obligadas a emitir el informe final correspondiente.

El 31 de julio, el TCP declaró inconstitucional el reglamento de convocatoria y el reglamento de la preselección de candidatos a las judiciales. Todo volvió a foja cero y los comicios quedaron en el limbo, más aún con el tiempo en contra, ya que el TSE demandó que la lista de postulantes le sea enviada hasta el lunes 4 de septiembre.