Tras la sesión, legisladores destacaron el consenso alcanzado por las fuerzas de oposición y oficialismo para viabilizar las Elecciones Judiciales, esperando la misma apertura por parte de la Cámara Baja, para dar celeridad al proceso de renovación en el Órgano Judicial.
En conferencia de prensa conjunta, miembros de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos señalaron que los consensos alcanzados se dieron en el marco de la necesidad de efectuar reformas al sistema de justicia nacional y para atender el clamor de la población por una mejor justicia.
“Ha llegado el momento de iniciar el proceso de la transformación de la justicia y debemos empezar por las Elecciones Judiciales, luego tendremos que analizar otros problemas, pero este es el momento grande, todos hemos unido voluntades para responder a lo que está esperando el pueblo boliviano de elegir con su voto a los mejores ciudadanos para que estén en la magistratura y los tribunales pertinentes”, señaló el senador Guillermo Seoane de Comunidad Ciudadana.
Por su parte, el senador Henry Montero destacó el acercamiento entre las tres fuerzas políticas que componen el Senado para sacar adelante una norma que viabilice los comicios judiciales, dejando de lado todo interés político partidario.
“Han sido importantes las horas de debate y consenso para despojarnos de nuestros principios ideológicos partidarios para pensar en lo que quiere la población, una justicia independiente, proba y sobre todo con meritocracia. Esta ley recoge lo que la población quiere”, sostuvo Montero.
Desde el oficialismo, el senador William Torrez afirmó que la aprobación de la norma lanza una clara señal de que existe voluntad para trabajar en beneficio de la población y la necesidad de contar con una justicia confiable y transparente.
“Con la aprobación de esta ley estamos dando señales que de pensamos en Bolivia podemos sacar leyes consensuadas que nos permitan elegir autoridades jerárquicas para el pueblo”, dijo.
Sobre el contenido de la norma, legisladores de las tres fuerzas destacaron que con la nueva redacción se evita todo tipo de “manoseo” y manipulación por parte de la Comisiones o el pleno de la ALP, dejando que sea el voto ciudadano el que, en última instancia, defina a las nuevas autoridades.
Según el cronograma aprobado, se garantiza el plazo de tres meses requerido por el TSE para la organización del día de votación, este se realizaría en el mes de enero de 2024, en tanto que, se espera posesionar a las nuevas autoridades judiciales, en febrero.