Llegó el consenso. El Senado aprobó ayer por más de dos tercios la ley para viabilizar la posesión de nuevas autoridades judiciales, pero no en diciembre sino la primera semana de febrero del próximo año. La norma señala que el proceso debe durar 135 días, divididos en dos etapas: 45 días a cargo de la Asamblea, que debe preseleccionar a los candidatos a magistradas; la segunda de 90 días, otorgada a la organización a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La norma tiene 37 artículos, siete disposiciones adicionales y una final. Ahora debe pasar a Diputados para ser aprobada y sancionada. La ruta crítica, establecida en el artículo 14, tiene la siguiente trayectoria: “Publicación de la Convocatoria (1 día); presentación de postulaciones (15 días); verificación de requisitos habilitantes generales y específicos; y de méritos (10 días); publicación de los postulantes habilitados (1 día); presentación de impugnaciones (2 días); resolución de impugnaciones (4 días); aprobación de los Informes de Preselección y remisión al Presidente de la ALP (2 días); sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la aprobación o rechazo de los Informes de Preselección por 2/3 de votos de los asambleístas presentes (8 días); remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la nómina de los postulantes preseleccionados (1 día)”.

Senadores y diputados de las tres fuerzas políticas saludaron su acuerdo interno que dio viabilidad al proyecto de ley 144 “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024” y esperan que hasta la primera semana de febrero se pueda contar con nuevas autoridades electas del Órgano Judicial.

El senador ‘evista’ del MAS, William Torrez, manifestó que “se aprobó esta ley por el bien del pueblo de Bolivia, demostrando que este Senado ha trabajado y lo seguirá haciendo pensando en todos nuestros compatriotas bolivianos. Y esta debe ser una señal y un mensaje para que también la Cámara de Diputados pueda sancionar este proyecto de ley de modo que en un tiempo razonable tengamos puesto en marcha este proceso para renovar autoridades judiciales muy venidas a menos, cuestionadas por corrupción, falta de acceso y retardación de justicia. Hubo consenso y eso se debe destacar”, dijo.

Sin embargo, se supo que los senadores ‘arcistas’ no estuvieron de acuerdo con esta norma y aunque no se opusieron, en la Cámara Baja la división del MAS podría ser más notoria.

Por su parte, el asambleísta Henry Montero, de la agrupación Creemos, manifestó su satisfacción por la aprobación de la norma. “Creo que esta ley recoge el consenso de las tres fuerzas políticas, no hubo imposiciones, consenso de forma unánime, y sobre todo una visión técnica que hemos aprobado porque recoge todo aquello que en su momento habíamos observado en relación a los diferentes anteproyectos”, afirmó.

Además, acotó que “lo que nosotros queremos es garantizar es que haya elecciones, esperemos que Diputados proceda con la misma agilidad y la apruebe a la brevedad para que se puedan cumplir todos los puntos del calendario”.

Los legisladores no ampliaron el mandato de los actuales magistrados y explicaron que la misma ley establece que deben abandonar sus cargos al cumplir su ciclo en el Órgano Judicial. Según la Ley y la CPE las actuales autoridades deben ejercer sus mandatos por seis años contando desde el día de su posesión.

“Desde que dejen sus funciones hasta el momento que se posesionen los nuevos magistrados, en la primera semana del mes de febrero (de 2024), el personal subalterno que quede de las diferentes reparticiones de estos órganos tiene que hacer una transición ordenada, como en repartición pública del Estado”, dijo el diputado Carlos Alarcón, en conferencia de prensa en la que manifestó su conformidad con esta aprobación. “En este proceso, estas personas deben realizar un proceso de transición ordenada, preparar los expedientes, definir temas de personal, presupuestarios y administrativos para dejar ordenada la casa a los elegidos. No habrá acefalías”, aclaró el legislador.

La disposición transitoria segunda, el proyecto de ley manda a modificar dos artículos de la Ley del Órgano Judiciales, 135 y el 175, ambos preceptos establecen la posesión de los nuevos jueces.

“A partir de la publicación de resultados por el Órgano Electoral, las y los candidatos electos, titulares y suplentes, en el plazo de hasta treinta (30) días serán posesionados en sus cargos por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional”, señala el nuevo proyecto.

Cumpliendo todos estos plazos que establece el propio proyecto de ley, la posesión de los nuevos magistrados debiera producirse después del 12 de febrero del siguiente año. El mandato de las actuales autoridades judiciales concluye el 31 de diciembre, según la Constitución Política del Estado