En la Asamblea Legislativa Plurinacional aún no sale humo blanco y no se llegan ni siquiera a los consensos mínimos necesarios para la ley que reglamente las postulaciones para las elecciones judiciales, después de la Sentencia Constitucional No. 0060/2023 y la consiguiente exigencia de sobre calificación para la aprobación de la misma ley y los procedimientos para la citada preselección, con el voto afirmativo de 2/3 de los miembros de la ALP. Y el tiempo transcurre, el calendario se agota.

Los Juristas Independientes logramos 833.115 adhesiones en un tiempo de 90 días, en un proceso de iniciativa ciudadana para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, que incluía soluciones estructurales (fundamentales e iniciales) al problema de la justicia. Esta cantidad de firmas equivale nada más y nada menos que a lo que se exige para conformar 8 partidos políticos en el actual sistema (100.000 firmas), no estamos hablando entonces de poca cosa… si bien no logramos el 1.500.000 firmas (20% del padrón electoral) para continuar con el paso procedimental siguiente, básicamente por los múltiples escollos que el propio Estado nos puso, en especial el propio administrador y juez del proceso en el que nos encontrábamos, está claro que logramos un importante respaldo ciudadano, que a la vez expresa el repudio a la actual situación en que se encuentra la justicia y sus operadores.

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Nuestra propuesta tenía varios contenidos estructurales que comparto de manera breve hoy, en este escrito:

1. Creación de la denominada COMISION NACIONAL DE POSTULACIONES, como un órgano constitucional con la competencia fundamental de administrar el proceso de preselección de postulaciones a las altas magistraturas judiciales sobre la base de criterios de probidad e idoneidad. Se trata de una respuesta contundente a la probada acción de la Asamblea Legislativa Plurinacional de usar criterios ideológicos partidarios a la hora de la preselección de los postulantes a las altas cortes judiciales, tal como hemos expectado en las pasada elecciones de los años 2011 y 2017, a las cuales el Ministro Lima se ha referido de manera descarnada afirmando que el ex Presidente Morales habría elegido a los postulantes que pasaron a la fase de votación popular. ¿Alguna prueba más fehaciente que esa de que la ALP no puede tener más en sus manos semejante competencia?

La Comisión Nacional de Postulaciones estará integrada por destacadas personas con reconocida trayectoria, sin militancia política en los últimos 10 años y no serán parte de la institución que las designa. La integraran: 2 miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 1 por bloque de mayoría, 1 por bloque de minoría; 2 por la Universidad Boliviana; 2 por la Asociación Nacional de Prensa y los trabajadores del sector; 1 por los Colegios de Abogados; 1 por la Asociación Nacional de Magistrados y 1 por la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina.

La Comisión realizara el trabajo de preselección y enviará a la ALP 2 ternas (no listas), una masculina y otra femenina, de las cuales la ALP deberá elegir al titular y al suplente, respetando la alternancia de género. Con este sistema, no solo eliminamos la aplicación de criterios ideológicos partidarios en el proceso de preselección sino que cerramos la posibilidad que pasen a la fase de votación postulantes que no hayan obtenido los mayores puntajes.

2. Asignación de un PRESUPUESTO MINIMO DEL 3% para el Órgano Judicial: se trata de dotar al órgano judicial de un presupuesto que le permita funcionar de manera idónea, superando la asignación paupérrima actual que no supera el 0,50%, colocándose entre los más bajos de América Latina.

Se trata además de una medida destinada a precautelar la independencia judicial, evitando que sus personeras estén sujetos a un proceso de negociación donde el órgano judicial deba verse forzado a realizar “ofrecimientos”. Se preserva su dignidad frente al órgano ejecutivo que en forma imperativa deberá otorgarle el 3% consignado en el texto constitucional, sin negociación de ninguna naturaleza.

Estas son algunas de las medidas que los Juristas Independientes habíamos propuesto, es hora de repensarlas, de leer correctamente que se consiguieron más de 800.000 adhesiones, que se contó con un importante respaldo ciudadano. Es hora que los actores políticos asuman la cuota de responsabilidad que les corresponde.