A lo largo de mi carrera política he revisado una gran cantidad de encuestas y he sostenido muchísimas reuniones con diversos grupos de ciudadanos, en las cuales pude estudiar su percepción sobre los principales problemas del país. He encontrado una preocupación constante por la marcha de la economía, y en especial por la falta de empleo, normalmente considerado el principal obstáculo para que los bolivianos alcancen una vida mejor.

Esto ha cambiado en el último tiempo. Hoy la gente cree que la peor amenaza contra el país y la vida de todos los bolivianos tiene carácter político. Se trata del deseo y la estrategia que despliega Evo Morales y su gobierno para quedarse en el poder otros 14 años, además de los 14 que ya han estado en él.

Los ciudadanos saben que la democracia boliviana se halla en un tremendo predicamento, porque quienes tienen el privilegio de dirigir los destinos colectivos han decidido usar su poder, así como los recursos de las instituciones estatales, que en principio les pertenecen a todos, para alterar las reglas democráticas y asegurar que una sola persona, el presidente Evo Morales, obtenga lo que quiere al costo de anular la voluntad de la mayoría. Tanto de la mayoría que en 2009 votó a favor de la Constitución que limita la reelección, como de la mayoría que en 2016 rechazó la eliminación de esta limitación constitucional.

¿Por qué este deseo y esta estrategia pueden preocupar a los bolivianos incluso más que sus necesidades económicas, que para el observador poco enterado han de parecerle más perentorias y concretas? Porque el pueblo entiende, con la sabiduría que surge de la experiencia, que la falta de respeto a las reglas y la imposición cruda de los más fuertes termina en violencia.

Lo que les preocupa a los bolivianos es que se acabe, y quizá por mucho tiempo, la colaboración pacífica entre los diferentes grupos políticos y de opinión del país, y que volvamos a vivir la inestabilidad institucional, la arbitrariedad del poder y el enfrentamiento entre compatriotas que caracterizó a la historia nacional entre el golpe militar de 1964 y la reconquista de la democracia en 1982.

Además del miedo a la violencia, la posibilidad de otros 14 años de gobierno masista resulta indeseable porque consolidaría definitivamente el caudillismo, el dominio de un solo hombre sobre la colectividad, con sus secuelas bien conocidas: culto a la personalidad y, por tanto, una mayor propensión a cometer errores, toda vez que se actúa como si el caudillo fuera infalible; organización a la sombra del caudillo de camarillas de funcionarios, y, por ende, un empeoramiento de la corrupción y de la ineficiencia estatales; desaparición del pluralismo y, por tanto, de la oportunidad de discrepar con el caudillo sin necesidad de recurrir a la violencia para hacerlo.

Estas son las consecuencias más deplorables del continuismo en el que está empeñado el MAS, y que la mayor parte de la sociedad rechaza. No querer otros 14 años de gobierno “evista” significa rechazar las consecuencias inevitables de la ruptura de la ley, en particular rechazar el retorno de la violencia política, que hasta ahora logramos contener por medio del arreglo democrático al que llegó la generación de políticos que sucedió a las dictaduras militares en los años 80.

Samuel Doria Medina es presidente de Unidad Nacional