Muchos de los movimientos sociales bolivianos fueron reinventados o creados en la década de los ’90, por ideólogos nostálgicos de aquel Estado “ogro filantrópico” (al decir de Octavio Paz) que había sido parcialmente desmontado por las reformas semiliberales.

Los “hijos del ogro” se fueron mancomunando para evitar que aquellas reformas se decantaran en una transformación cultural. Para eso se encargaron de que gran parte de las organizaciones de la sociedad civil en el occidente del país fueran pro-Estado, algo muy distinto de lo que sucedió en el oriente, donde el intenso asociativismo civil mantuvo su tónica pro-mercado.

Desde fines de esa década y comienzos del siglo XXI, los cocaleros del Chapare lograron situarse en el puesto de mando de esa constelación de movimientos, en lo que Álvaro García Linera denominó gramscianamente como el “nuevo bloque social hegemónico”.

Una vez que consolidaron la toma del Estado, se ocuparon de engordar al “ogro filantrópico” a costa de la sociedad civil, lo que implicó no sólo afectar a los sectores productivos privados, sino también terminar de controlar, cooptar y prebendalizar a las organizaciones sociales, que perdieron todo rastro de autonomía.

Este diseño continuó incambiado hasta el 2019-2020, cuando la caída de la nomenklatura evista y el posterior retorno del MAS con otro staff llevó a un nuevo escenario.

Ahora, los movimientos sociales se ven obligados a optar dentro de la estructura bifronte del masismo, entre la dirección estatal que representa Luis Arce y la dirección corporativa del Chapare que (todavía y de manera menguante) encabeza Evo Morales.

La dirección estatal tiene de su lado los amplios recursos del “ogro filantrópico” engordado durante década y media, y al que se busca postergarle la dieta hasta después de las elecciones del 2025. Por su parte, la dirección corporativa chapareña tiene un importante “know how” insurreccional o de agitación social, con una potencia de desestabilización que no puede ser ignorada.

Por lo pronto, esta pugna se manifiesta en el reconocimiento o desconocimiento del Estado a uno u otro frente, lo que lleva al control de sedes sindicales que en varios casos implican un considerable patrimonio inmobiliario. Uno de los giros más visibles dentro de esta lucha ha sido el realineamiento entre los cocaleros de Los Yungas y el gobierno, dando una estocada a las pretensiones de expansión evista hacia la Amazonía paceña.

El sector afín al ex presidente, que salió mal parado de un reciente congreso en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), anunció días atrás un bloqueo indefinido de carreteras desde el 4 de septiembre, pero finalmente Morales tuvo que salir a los medios a decir que “no comparto tanto con bloqueo, la situación económica no está bien”. La correlación de fuerzas no parece serle auspiciosa para escalar la pugna por el control de los movimientos sociales a ese nivel de confrontación.