Con pasmosa tranquilidad, parlamentarios del oficialismo y la oposición han comunicado, por separado, que ya no es posible realizar las elecciones judiciales en la gestión 2023 y, por lo tanto, que los cargos ocupados por las actuales autoridades quedarán acéfalos a partir del 1º de enero de 2024.

Justifican su decisión señalando que el Órgano Electoral no podrá iniciar la fase de implementación si no recibe la lista de candidatos hasta el 3 de septiembre (lo que no ocurrirá) e informan que, ante esta eventualidad, están preparando un plan B, aunque no garantizan que funcionará. Para justificar este desatino, informan que enjuiciarán al Tribunal Constitucional por haber demorado en resolver una acción de inconstitucionalidad (presentada por un diputado y apoyada por la oposición), que, según los ofendidos asambleístas, fue la causa para que el Parlamento retrasara la elección.

Más allá de la retórica y la falta de autocrítica, la razón verdadera es el incumplimiento del Art. 158.5 de la Constitución Política del Estado, que asigna a la Asamblea Legislativa (ALP) la atribución exclusiva e inexcusable de preseleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

En casi tres meses, desde la promulgación de la Ley 1513 que establecía un plazo de 160 días para realizar los comicios, los parlamentarios no tuvieron la capacidad, el interés ni la voluntad para ponerse de acuerdo ni siquiera en la elaboración del reglamento interno y, durante ese tiempo, se dedicaron a acusarse mutuamente de entrabar el proceso. Hoy, no sólo nos anuncian que, por su ineficiencia culposa, un Órgano del Estado quedará sin autoridades, sino que, al no existir un acuerdo político, esta acefalía será por tiempo indeterminado.

Las consecuencias de este vacío son catastróficas. Por un lado, nos muestra una vez más como un país con gran debilidad democrática e institucional, con una clase política guiada únicamente por sus intereses y sus conflictos internos, y con una ciudadanía inerme ante la ineficiencia de sus autoridades. Por otro, paraliza miles de procesos en curso en el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Tribunal Agrario, que quedarán con sentencias pendientes por la ausencia de autoridades, afectando a los ciudadanos involucrados; además aumentarán la desconfianza de la ciudadanía en los Órganos del Estado y desalentará la participación de juristas probos en el proceso electoral.

Más allá de este nuevo episodio de irresponsabilidad y desidia, salta la evidencia de que el sistema judicial sigue su caída estrepitosa, en medio de una crisis estructural que no tiene precedentes y que pone en riesgo su propia supervivencia, agravada por la incapacidad y la falta de voluntad de los partidos políticos que están aportando con entusiasmo a la debacle.

La forma de elección de las altas autoridades judiciales, que está ocasionando una nueva crisis, en lugar de ser una solución se ha convertido en un mecanismo para profundizar los conflictos porque convierte un proceso que debiera ser participativo y transparente, en un espacio para imponer candidaturas cuando se tiene mayoría, para atizar el enfrentamiento político (como es el caso presente) o para inducir los pactos secretos en base al cuoteo y al padrinazgo.

Pero el sistema judicial tiene problemas aún más complejos como la deficiente formación de los abogados, la injerencia política en las decisiones judiciales, la cuestionable calidad moral de los operadores, el presupuesto insuficiente, la falta de mecanismos de control interno y las inequidades en el acceso a la justicia. Estos escollos necesitan enfrentarse con medidas estructurales, progresivas y contundentes, que involucren a las instituciones del Estado y a las organizaciones de la sociedad y no solamente a los partidos, los gremios de juristas o los grupos afines al partido de gobierno. Precisan, sobre todo, de una decisión nacional convertida en una política de Estado que defina como prioridad la reconstrucción de todo el sistema y que trascienda las gestiones de gobierno, las agendas parlamentarias o la planificación del gobierno.

La reforma a la Constitución únicamente para volver al sistema de elección de autoridades judiciales por la Asamblea Legislativa es una propuesta que se está repitiendo en los círculos políticos; sin embargo, no es una solución efectiva, porque la ALP ha perdido toda credibilidad y se ha tornado en parte del problema, y porque la crisis es multidimensional y abarca aspectos que trascienden a las autoridades o los mecanismos de designación.

La postergación premeditada de las elecciones judiciales es una nueva señal de que la crisis del sistema judicial va a seguir empeorando y los bolivianos vamos a continuar espectando cómo los actores políticos destruyen las pocas alternativas de solución, empeorando la situación de los ciudadanos a los que se arrebata el derecho a la justicia, y precarizando el propio sistema democrático que debe soportar un modelo pervertido, ineficiente y profundamente injusto.