Eduardo Claure

Nuevamente estos días han sido noticia en los medios locales los conflictos de límites de la provincia Cercado señalándose que el INRA y el INE abordarían una reunión con el Concejo Municipal de Cercado para dar a conocer el estado de aquella situación, como parte del operativo precensal de actualización cartográfica que el INE lleva a cabo con miras al operativo censal del 2024, además indicándose que en este departamento se habría concluido este operativo de campo al 100%; sin embargo que en Santa Cruz y Chuquisaca se tiene pronunciamientos de ciertas deficiencias del trabajo ejecutado en algunos lugares; de aquella reunión interinstitucional, aún no ha trascendido noticia alguna. Al respecto, existen en la prensa local, decenas de titulares en ese objetivo. Los hechos actuales, revelan que los ediles nunca pusieron este tema en agenda. En este contexto, los conflictos de límites que se suscitan desde hace muchos años ahora deben ser regulados mediante la Ley No. 339 de 1 de febrero de 2013 de Delimitación de Unidades Territoriales, el cual establece el mecanismo y procedimiento para la solución de impases que se generan entre municipios.  Anteriormente la Ley de Unidades Político Administrativas No. 2150 o de UPAS de 20 de noviembre de 2000, no logró sus objetivos en tanto sus procedimientos denunciados como engorrosos impedían absolver tanto en gabinete como en campo los conflictos de límites, que deben encarar las autoridades de los municipios en algunos casos y en otros las Gobernaciones. Demás está decir que otrora, las Prefecturas tenían a su cargo las Unidades Técnicas de Límites, UTI, encargadas de estos temas. Hoy las alcaldías y sus concejos son responsables de conocer estos asuntos, y a su vez las asociaciones de municipales, AMT, en el caso de Tarija, debió hace décadas, poner en agenda junto a las gobernaciones este engorroso asunto, que no da rédito político ni económico, sino sinsabores.

Ahora bien, abordar este asunto, podría evitarse, implementando en las Alcaldías y/o Gobernaciones, una Dirección -no Unidad- que lleve a efecto, no solamente los conflictos de límites, sino otras tareas dirigidas a apoyar los procesos de planificación local de manera integral como ser una Dirección de Información Geográfica y Estadística. Actualmente, casi, todas las instituciones públicas y privadas usan sistemas de información automatizados, dando lugar a que se vive la Sociedad de la Información; Sociedad del Conocimiento; Sociedad en Red; y de la Modernización del Estado. Entonces, conscientes de la importancia de satisfacer necesidades de información de los actores sociales, económicos y políticos del departamento se hace necesario que las ETAs, contribuyan a divulgar información estadística departamental y otras a través de un sistema SIG, que disponga ésta, entendiendo qué: La información es el activo más descuidado que debe ser capturada, evaluada, actualizada y utilizada; esta acción permitiría mejorar la información de esta Dirección, facilitando procesos de investigación y toma de decisiones de acuerdo a información ágil, oportuna y flexible. Se constituiría en un modelo institucional que integra información territorial y estadística, base para el desarrollo de sistemas más complejos y accesible para la institución, usuarios diversos y la población. Su funcionamiento sería el de un Sistema Municipal de Información Territorial, como la mejor herramienta para la toma de decisiones ejecutivas, en el marco de una visión de transparencia, crecimiento económico, desarrollo social, además de apoyar a enfrentar las combinaciones de factores que afectan la educación, salud, seguridad, bienestar y calidad de vida, que existen o son inherentes geográficos o de localización que hacen a la pobreza territorial, donde se dan en conjunciones recursos naturales renovables y no renovables, el estado de estos por su agotamiento o procesos de degradación por la acción humana, infraestructura caminera, de producción, sociales y otras.

La situación de la administración para la implementación de un sistema de información y en especial de los SIG corrigen la duplicidad en la generación de información; la dispersión de la información en las entidades públicas y privadas; reserva en la información, la excesiva burocracia; la desconfianza y ausencia de coordinación; la falta de una política para una gestión de la información territorial moderna. Construir un laboratorio de gestión de información territorial debe crearse no en base a proyectos puntuales que no garanticen su continuidad, donde existe generalmente, ineficiencia en el uso de recursos que se invierten en tecnologías de información, por ello su implementación debe ser permanente. Un SIG, es un sistema de información que permiten la creación de mapas y el análisis y la modelación espacial, procesa datos almacenados previamente y permite eficaces consultas especiales repetitivas y estandarizadas. Los datos geográficos o entidades espaciales aparecen almacenados de diversas formas: como puntos, líneas o polígonos, que pueden representar accidentes, características o detalles geográficos. Los datos SIG o conjuntos de información se agrupan en capas, que expresa una determinada característica geográfica, por ejemplo, podría identificar las rutas camineras, otra capa podría representar la división política administrativa y otra capa podría expresar ríos o elevaciones y bajantes de terreno, y así.  Los SIG, no solamente sirven para elaborar mapas temáticos, vocacionales, en relieve y otras composiciones cartográficas añadiendo gráficos o tablas enlazados a mapas relacionados con la variable de población con carácter de comparación de otras configuraciones territoriales. 

 Los resultados y beneficios de la inversión en un SIG se pueden resumir en: reducción en las habilidades humanas para tareas repetitivas; reducción del tiempo de respuestas al usuario; eliminación en la redundancia en el levantamiento y mantenimiento de datos; toma de decisiones para comunidades, municipios y departamento; muestra necesidades a las autoridades responsables para la asignación de recursos; entender la distribución y características demográficas y su relación con las necesidades; según tendencias demográficas proyectar necesidades de obras y sus presupuestos, implementar programas de mantención proactivas; identificar y notificar a la población afectadas por órdenes de trabajo pendientes;  entender la distribución geográfica de diversos tipos de incidentes; integrar incidentes con características y tendencias demográficas para así identificar zonas de mayor riesgo y necesidades; simular escenarios de evacuación; identifica población objetivo para localizar/promover servicios y programas específicos; evalúa tendencias demográficas para proyectar futuras necesidades y metas presupuestarias; muestra necesidades municipales y departamentales de postular a recursos para promover el compromiso del elector en el municipio y departamento; tiene información demográfica, de salud y educación, transporte, turismo y recreación, administración catastral, seguridad ciudadana, aseo público y ornato, espacios verdes municipales y áreas sin propiedad privada o comunitarias, colindancias y áreas de influencia al radio urbano, aguas superficiales y subterráneas, cuadriculas de yacimientos minerales, relaciones de la cobertura boscosa, el uso del suelo según sus características por unidades fisiográficas definidas y los procesos de degradación, desertificación, asentamientos humanos, accidentes geográficos, elevaciones altitudinales, áreas de riesgo y atención de emergencias, puntos de control de fronteras, etc.

En este contexto, sería importante que la Alcaldía de Tarija, dispusiese de información sobre su municipio y la AMT de los otros municipios del departamento, de forma sistematizada, ágil y accesible para los actores sociales, económicos, políticos y usuarios en general; en tanto la información debe ser pública y de uso y aplicación irrestricta, en cuanto a sus variables económicas, sociales, económicas, políticas que contribuirían mejor a la tomas de decisión; incluidas el tema de las delimitaciones, que son un obstáculo para los objetivos del desarrollo local y las inversiones circunscritas a cada municipio, asunto que en el pasado se obviaba con las mancomunidades intermunicipales, hoy proscritas, y que es un componente clave para la gobernabilidad y el desarrollo local.