Además de silletazos, amenaza de bloqueo nacional, grietas en las organizaciones sociales y la disputa de poder al interior del partido oficial, la polarización escaló hasta colocar en figurillas a instituciones clave del Estado. Hay un inminente riesgo de convertirse en dispositivos de la encarnizada lucha preelectoral. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional recibió una papa caliente cuando una de las facciones del MAS envió una demanda cuestionando la constitucionalidad de los estatutos del MAS ya que reconocen a Evo Morales como “jefe vitalicio”. Faltó impugnar otras disposiciones estatutarias inconstitucionales de ese partido, que tiene la tentación de engullirse al Estado y a sus estructuras, con los funcionarios incluidos.

EL TSE también suele estar bajo la crítica de la oposición. Las recientes denuncias sobre irregularidades en el funcionamiento del Servicio de Registro Civil, SERECI, y del SEGIP (caso Marset) en la otorgación fraudulenta de cédulas de identidad no deben subestimarse. El reconocimiento de la falta de resguardo y acceso a claves del sistema de control del registro cívico comprometen la credibilidad de una institución, que surfea las olas en medio de un mar de sospechas. Las sanciones anunciadas por parte de la Sala Plena, que ha ordenado el despido de 20 funcionarios, no han sido suficientes para enfriar los ánimos de quienes, con argumentos de todo calibre, algunos deleznables, cuestionan al TSE.

Según la encuesta Delphi que realiza la FES entre analistas y académicos, en octubre del 2022 un 58% de los entrevistados reportaban tener una alta y/o regular confianza en el TSE; en marzo del 2023 este porcentaje se elevó a 60%, calificación que otras entidades envidiarían. No obstante, hay señales preocupantes relativas a la manifiesta parcialización de algunos vocales, técnicos y notarios electorales acreditados en la base territorial en los operativos electorales.

Por ello urge que el TSE salga al frente para esclarecer con más contundencia algunas sindicaciones. Sostengo que las voces críticas que demandan “que todos se vayan” son irresponsables a la par de la desinformación y las medias verdades que circulan.

No es correcto concluir que las irregularidades detectadas en el SERECI comprometan la integridad del padrón electoral. Los trámites ordinarios del registro cívico responden a un sistema totalmente independiente al padrón, este último validado por huellas dactilares. A menudo dirigentes opositores se refieren a las elecciones de 2020 (no las de 2019) como fraudulentas. En este empeño no se diferencian los problemas entre el padrón, por un lado, y el sistema de conteo de votos, la calidad de las actas electorales, ausencia de delegados de partidos opositores y la consigna sindical, por otro. Solo un operativo fraudulento combinado y altamente sofisticado entre autoridades del SERECI y SEGIP podría perforar al padrón.

No me sumo a las teorías conspirativas que denuncian que el padrón contiene más de un millón de electores fantasmas. Pese a ello, considero firmemente que el TSE debe impulsar una auditoria exigente y convincente del mismo, especialmente en espacios geográficos sensibles en el país, además de Argentina y Brasil; también debe transparentar procesos participativos en los laboratorios de integridad electoral y reducir los tiempos en la oficialización de resultados finales. Tendría que emprender una campaña informativa y formativa a sectores clave, privilegiando a los más quisquillosos y desconfiados. En suma, el TSE debiera diseñar un plan que rectifique lo que está mal, que no es poco, y disipe “con chuis” las dudas persistentes.

“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, decía Albert Einstein.