En cinco días, la Asamblea Legislativa tendría que estar entregando al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las listas de los candidatos seleccionados para que participen en las elecciones judiciales del 3 de diciembre; sin embargo, aún no se lanzó la convocatoria y es imposible que en un tiempo tan corto se pueda garantizar todas las etapas del proceso.

El 31 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo conocer su fallo respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala. La decisión constitucional indicó que el reglamento y la convocatoria aprobados por la Asamblea Legislativa no están apegados al imperio de la Constitución y por ello quedan anulados.

Esa sentencia también ordenó que todo el nuevo proceso debe ser aprobado por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa. Condición que complicó aún más a los legisladores de las distintas fuerzas que viven en un clima de permanente desacuerdo.

El jefe de banca de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, argumentó que el partido oficialista desahució todas las propuestas que presentó la primera fuerza opositora; entre ellas, la ley de garantías, la ley cota y transitoria y el acuerdo nacional con la sociedad civil para reformar la justicia.

"Todas estas propuestas han sido bloqueadas por el Movimiento Al Socialismo de manera sistemática. Han sido bloqueadas por la falta de voluntad política. Cuando no tienes voluntad política es porque, por supuesto, tienes otro tipo de objetivos. El objetivo político central del Movimiento Al Socialismo, está claro después de tantas evidencias, es que no quieren una nueva justicia. No quieren despojarse de la justicia. No quieren una justicia con autoridades independientes", argumentó Urquidi.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Patricio Mendoza, acusó a la oposición por no tener voluntad política para ceder los 2/3 y reconducir el proceso.

"La sentencia nos conmina. Nos dice que tenemos que trabajar inmediatamente, pero también nos dice que tiene que haber dos tercios. Y si no hay dos tercios, ¿qué hacemos? La oposición es la que no quiere dar los dos tercios, no lo va a dar, nunca lo dio y no lo va a dar ahora. Lo que ellos quieren es que se abra la Constitución y se toque otras cosas más", sostuvo el diputado oficialista.

Kathia Saucedo, abogada y docente, indicó que el fallo constitucional lo que hizo es ponerle más escollos a un proceso que ya estaba a contrarreloj. Además, la determinación provocaría que los legisladores tengan que negociar o pactar cada proceso para lograr todos los pasos antes de enviar las listas finales al TSE.

"En primer lugar, se ha sobrecalificado la ley para la preselección, porque debía haber sido un procedimiento meramente ordinario, con una votación de mayoría nada más; sin embargo, se ha establecido un requisito de dos tercios. Ahí está el primer escollo y ese es el primer escollo que estamos viendo ahorita, no se están poniendo de acuerdo para la ley. Luego viene el proceso de preselección. El Tribunal establece que todos los procedimientos vinculados a la preselección deben tener dos tercios; esto significa informes de comisión, habilitación, convocatoria, absolutamente en todos los procedimientos", explicó la jurista.

Reto legislativo: conseguir los 2/3 sin negociar o pactar

Ambos legisladores coincidieron que la urgencia es llegar a acuerdos para viabilizar todo el proceso mediante los 2/3; sin embargo, aseguraron que sus fuerzas no formarán parte de un pacto político para arribar a consensos.

En la mira de Saucedo, para alcanzar los 2/3, los legisladores de las distintas fuerzas terminarán necesariamente negociando con sus contrincantes políticos.

"Tengo mis dudas que pueda realizarse un proceso como este. Para mí, va a haber una negociación pactada (...). Mi preocupación es que esos dos tercios exigidos y sobrecalificados por el Tribunal Constitucional (...) se conviertan precisamente en una negociación pactada, que termine siendo lo mismo que fue el fundamento para generar la elección popular", anticipó la jurista.

Ante esa posibilidad, Urquidi rechazó que CC se preste a negociar o pactar cuestiones del proceso o finalmente candidatos, porque eso representaría una práctica adversa al propósito que es mejorar la justicia.

"Desde Comunidad Ciudadana lo tenemos absolutamente claro. Nosotros no vamos a entrar a ninguna lógica de cuoteo ni de repartija de la torta judicial. Nosotros no vamos a entrar en esa lógica. Nuestra posición es absolutamente principista y clara. Nosotros queremos, en el corto plazo, elecciones judiciales transparentes y elecciones judiciales que permitan y que promuevan a los mejores perfiles profesionales que fundamentalmente garanticen independencia política", aseguró Urquidi.

En la misma línea, Mendoza rechazó cualquier posibilidad de ceder a la oposición algunos aspectos del proceso a cambio de recibir algunas concesiones.

"Eso es cuoteo, eso es tener cuotas de poder y eso no tiene que haber en el Parlamento. Oiga, eso ya va en contra del principio de nosotros como asambleístas, como representantes nacionales. Eso no puede existir, cuoteos", sostuvo el diputado del MAS.

Saucedo resaltó que este proceso por los dos tercios podría generar una negociación pactada en términos similares a los que se practicaba hace 20 años, cuando el MNR, el ADN la UCS definían el futuro de las altas autoridades del Órgano Judicial.