Tradicionalmente, Bolivia tenía un régimen judicial que respondía a las estructuras republicanas coloniales y feudales. Ese sistema tradicional correspondía a su propia realidad objetiva y tenía el apoyo espontáneo de la ciudadanía. En efecto, el aparato judicial estaba formado por leyes nacidas de esa realidad y por una administración a cargo de funcionarios y magistrados elegidos por las autoridades del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las estructuras fundamentales del país fueron cambiando y el régimen judicial quedó obsoleto, por no responder a las características de la evolución social. En términos técnicos, la superestructura no era adecuada a la estructura. Es más, diversos gobiernos de siglos pasados y del presente, si bien hicieron cambios estructurales, no dictaron leyes que respondan a la nueva realidad. En esa forma, la justicia quedó relegada y entró en contradicción con el nuevo orden.

En la actualidad, los gobiernos que se sucedieron desde principios de siglo quisieron cambiar la justicia sin atender a las causas que la ponían en entredicho. Entonces, a pesar de la claridad del nuevo orden de cosas, se propuso cambiar solo la administración de la justicia y, por tanto, la autoridad, y se engolfaron en numerosas dificultades que crearon un ambiente de mayor confusión.

En efecto, “inventaron” una nueva forma de elegir a los funcionarios de la administración de justicia, consistente en que ya no debían ser elegidos desde arriba, sino por voto popular, es decir, desde abajo. Pero, naturalmente, sin tener en cuenta antecedentes, la elección de magistrados fue un fracaso monumental. No ha cambiado la justicia ni su administración.

Mas, pese a que el nuevo procedimiento no tuvo éxito, las autoridades responsables decidieron repetir el error y, nuevamente se encuentran camino al fracaso por toda clase de causas que no se supo tomar en cuenta.

Efectivamente, la convocatoria a elección de magistrados no ha podido funcionar hacia adelante, no tanto por lenidad de las entidades encargadas de realizar el cambio, sino porque esa “reforma” de la justicia no tiene asidero objetivo y, más bien, es producto de un idealismo subjetivo, típico de un populismo que, en vez de hacer avanzar la historia, la hace retroceder, como ocurre con el reloj de la plaza Murillo.

Ahora bien, el Gobierno del Estado Plurinacional se encuentra en un callejón sin salida. Primero, no habría ya elección popular de magistrados. Segundo, tendría que hacerlo con el estilo de la vieja Rosca, lo cual también sería un descalabro político.

Finalmente, se podría recordar que las sociedades avanzadas ya han creado sus propios mecanismos de justicia y su administración, sin embargo, en el Estado Plurinacional comunitario esa solución es desconocida e incomprensible. Pero… volquemos la hoja.