Ante el previsible fracaso de las elecciones judiciales este año y respaldados en 833 mil firmas recogidas en el país, los juristas independientes retomaron este lunes su planteamiento de reforma integral del sistema judicial boliviano a través de un referéndum popular que puede ser convocado por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa (AL).

Los juristas informaron ayer que entregaron cartas al presidente de la AL, David Choquehuanca, y a las jefaturas de bancada de las fuerzas de oposición y oficialismo, proponiendo la firma de un acuerdo nacional que viabilice el referéndum judicial.

En una conferencia de prensa, los profesionales manifestaron que el planteamiento es que el Órgano Legislativo genere el escenario para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, para dar paso a nuevas reglas en la etapa de preselección de postulantes a magistrados a las altas cortes bolivianas aprobadas mediante un referéndum popular que debería ser convocado lo antes posible.

Los profesionales aclararon que la propuesta que realizaron al país no se agota en la elección de magistrados a través de una Comisión Nacional de Postulaciones, sino en la otorgación de un presupuesto mínimo anual del 3% de los presupuestos generales del Estado para el Órgano Judicial y la revalorización de la justicia indígena en las comunidades y la justicia de paz en los barrios del país, entre otros planteamientos.

En criterio de los independientes, el referéndum judicial, en caso de que se produzca el acuerdo nacional, podría realizarse en octubre de este año, de tal manera que tanto el proceso de preselección administrada por una Comisión Nacional de Postulaciones como la elección popular de nuevos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional se puedan realizar hasta fines de 2023 y así no generar un vacío, tomando en cuenta que las autoridades actuales tienen mandato hasta diciembre de 2023.