Los legisladores de oficialismo y de oposición calificaron como un golpe certero al Legislativo a la suspensión de las interpelaciones a ocho ministros de Estado, por lo que asumirán una serie de acciones, entre ellos un proceso por prevaricato.

El vocal que paralizó la fiscalización, Israel Campero, aclaró que se suspende sólo a los ocho miembros del gabinete de Luis Arce que apoyaron la acción de amparo presentada por el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

“La interpelación y la censura son una potestad del pueblo boliviano que la ejerce a través de la Asamblea. Cuando tú quieres anular a la Asamblea con esta burda maniobra de dictadura gubernativa judicial, lo que estás haciendo es anular los derechos soberanos a ejercer una fiscalización sobre los abusos del poder”, señaló el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón.

Agregó que con esta decisión se inaugura el gobierno de cleptocracia de Luis Arce, y se inaugura la dictadura gubernativa-judicial.

“Donde va, Luis Arce utiliza a estos jueces vocales y a los consejeros y magistrados de Sucre para concentrar todo el poder del Estado a favor de él”, manifestó Alarcón.

El diputado por Creemos Walthy Egüez calificó la decisión de la justicia como un golpe.

“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio un golpe judicial a la Asamblea Legislativa con su decisión”, afirmó.

El diputado del ala evista del MAS Renán Cabezas anunció la impugnación al fallo.

“Están coartando el derecho a los representantes del pueblo a hacer su trabajo, a fiscalizar, a transparentar el trabajo que se realiza cada uno de los ministros… al parecer, el Órgano Ejecutivo y el Judicial han hecho un pacto. Están dispuestos a vulnerar derechos fundamentales. El pueblo tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a saber qué es lo que hace cada uno de los ministros”, indicó.

Defensa

En su defensa, el vocal Israel Campero, que admitió el amparo del ministro Montenegro, dijo que la suspensión de las interpelaciones se aplica al peticionario y a los siete ministros que se adhirieron.

“Hay una consulta ante el Tribunal Constitucional, hay una medida adoptada por la Sala (Constitucional) que se ha puesto en consideración de la Comisión de Admisión (...) Todos nuestros legisladores que consideran que éste sería un fallo exorbitante o descabellad, deberían saber que cualquier medida cautelar no sienta fondo y se la puede modificar en cualquier momento”, declaró.

Campero ratificó que Montenegro y los ministros que se adhirieron a la acción de amparo constitucional no podrán ser interpelados hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie.

Agenda de interpelaciones

Según el calendario de la Asamblea, los próximos ministros en ser interpelados son:  el 6 de septiembre, el ministro de Energía e Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz; el 13, el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez; el 20, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el 13 y 20 de septiembre, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Los próximos ministros en pasar por el legislativo son: de la Presidencia, María Nela Prada, y de Cultura, Sabina Orellana.

Creemos pide reunión para asumir acciones

Creemos pidió al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que convoque a una reunión con carácter de “urgencia” para asumir medidas en relación a la decisión de una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia que suspendió los actos de interpelación a los ministros del gobierno de Luis Arce.

“Creemos rechaza enérgicamente la resolución dictada por el juez Campero y no está dispuesta a cumplirla por ser contraria a la Carta Magna y las leyes que rigen nuestro Estado, motivo por el cual le solicitamos que sostengamos una reunión con carácter de urgencia para tratar este tema y las acciones legales contra esta determinación y contra el vocal”, se lee en la carta enviada a Rodríguez.

“No vamos a dejar que el Gobierno del MAS y su alfil en la justicia atenten contra las atribuciones de fiscalización parlamentaria en la Asamblea Legislativa”, manifestó el jefe de bancada de Creemos en el Senado, Henry Montero, quien además firmó la carta.